La nueva reglamentación sobre el uso de armas para fuerzas federales que dispuso el Gobierno nacional tuvo posiciones enfrentadas en las provincias.
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La nueva reglamentación sobre el uso de armas para fuerzas federales que dispuso el Gobierno nacional tuvo posiciones enfrentadas en las provincias.
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La nueva norma que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, -que permite disparar contra personas que huyen, y también en caso de peligro de muerte o de lesiones graves, o para impedir un delito grave- tuvo respaldo de distinto grado en distritos gobernados por Cambiemos, como Mendoza o Buenos Aires, que se preparan para adherir localmente a la reglamentación. Pero provincias opositoras, como Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, rechazan aplicar los cambios.
En tierra bonaerense, el Gobierno de María Eugenia Vidal estudia adherir a la resolución nacional, “pero no en el corto plazo”.
En despachos provinciales entienden que el nuevo reglamento es “oportuno” para “desvirtuar conceptos erráticos” en la interpretación de las normas penales y de procedimiento penal que rigen en el ámbito del accionar policial. Pero consideran que habría que “trabajar en la concientización” de los alcances del uso del arma de fuego en caso de fuga o resistencia a la autoridad, o de presunto ataque por armas.
Desde Mendoza, en tanto, el Gobierno del radical Alfredo Cornejo informó que la provincia adherirá a la política de la Casa Rosada. El ministro de Seguridad, Gianni Venier dijo que en verdad se trata de una “formalidad”, ya que la reglamentación no es más que una interpretación del artículo 34 del Código Penal. “Si el arma evita un delito en una situación de peligro inminente es válido el uso, siempre que no se agreda por demás. El uso del arma está supeditado a la situación, no damos licencia para disparar, ni susto para no sacar el arma”, explicó el ministro según consigna el medio local El Sol. Cornejo, a su vez, dijo que es “saludable que se proteja a los policías”.
En Córdoba, en cambio, el secretario de Seguridad del justicialista Juan Schiaretti, Alfonso Mosquera, afirmó que “no está bajo análisis su implementación” en la provincia. “No somos de las provincias que han pedido sumarse”, dijo. Y enfatizó: “El único protocolo que rige en Córdoba son los límites que establece el Código Penal”.
En sintonía, en Entre Ríos, el Gobierno del justicialista Gustavo Bordet anticipó que la provincia no adherirá a la iniciativa. “Abre la puerta a la legalización de la violencia por parte del Estado y agrede principios del estado de derecho”, aseguró el subsecretario de Derechos Humanos local, Matías Germano, en declaraciones a APFDigital.
Por su parte, en el caso de Santa Fe, el gobernador socialista Miguel Lifschitz dijo ayer que su administración no tiene “prevista ninguna alteración respecto del accionar policial”. “Nosotros tenemos leyes vigentes, la Constitución de la provincia, una ley policial que establece obligaciones y competencias y no pretendemos más que eso”, sostuvo.
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