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La postura de la AFIP generó fuerte preocupación, obviamente, en el ambiente empresario, por los importantes montos en cuestión. El organismo que dirige Alberto Abad basa su decisión en lo sucedido con la empresa Disco, que realizó una millonaria colocación de títulos de deuda en el exterior, pero que, en realidad, habrían sido comprados en su totalidad por su empresa matriz en Holanda. De esta manera, eludió el pago impositivo sobre los intereses.
Hay mecanismos -de todas maneras-a mano de las empresas para probar que hicieron operaciones financieras genuinas. Por ejemplo, la cotización y negociación diaria de los títulos de deuda en mercados, los datos del banco que participó en la colocación de esos papeles con nombres de los compradores, entre otros. Aun así, por los pagos en teoría adeudados a la AFIP y multas involucradas, el tema figuró al tope en la agenda de empresarios: para Aluar, por ejemplo -si es que realmente hicieron una maniobra de esta naturaleza-, serían $ 200 millones y, para Techint, $ 1.200 millones. En el mismo Ministerio de Economía hay diferentes posturas sobre cómo se está llevando a cabo la investigación, con casos donde realmente hubo autopréstamos, pero en otros casos donde se trató de financiamiento real en los mercados de capitales.
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