El gobierno y Aguas Argentinas anunciarían esta semana la firma de un acta de entendimiento en la que estaría replanteada hasta su finalización la concesión del servicio de agua y cloacas en Capital Federal y en el conurbano.
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Sería así el primer caso en que el acuerdo con una privatizada trasciende el término de un año, ya que no se trata de un acta transitoria. Después de firmarse, el documento deberá pasar por las instancias previstas antes de entrar en vigencia: audiencia pública, autorización del Congreso y decreto.
Sin embargo, hay por lo menos un aspecto clave que por ahora quedará al margen del entendimiento: el pasivo de Aguas Argentinas, que asciende a 600 millones de dólares. En apariencia, Suez, principal accionista y operador de la prestadora local, habría desistido de solicitar al gobierno financiamiento en pesos y en condiciones ventajosas para cancelar parte de su deuda en dólares.
El acta incluiría dos subas de tarifas para 2006, dentro de los porcentajes que se vienen hablando desde principios de año: entre 15 y 20% cada uno, de modo que acumulados no superen 36%. Pero además agregaría un mecanismo de ajuste hacia el futuro que contemple la evolución de los costos internos.
La parte del acta que generó más discusiones es la referida al control del «cash flow» de la empresa. Dicho en otras palabras, cuánto de lo recaudado, después de los costos operativos, se destina a un fideicomiso para obras determinadas y cuánto queda como de libre disponibilidad de la empresa.
En un principio, el gobierno quería que todos esos recursos fueran a fondos específicos controlados por el Estado, pero esa posición se habría flexibilizado, aunque todavía no estaría cerrada la fórmula de equilibrio entre las partes sobre este tema. En uno de los documentos que envió la Unidad de Renegociación a la empresa en los últimos meses se incluía hasta un reglamento de compras al que debía atenerse Aguas Argentinas. Mañana vence el plazo que el directorio de la compañía había fijado para que el gobierno como autoridad concedente restableciera «el equilibrio económicofinanciero de la concesión». Ese ultimátum se había formulado dentro de los términos del contrato como paso previo necesario si se quería llegar a la rescisión del contrato.
La empresa aclaró ya que ese plazo dejó de correr en el momento en que se retomaron las negociaciones con la Uniren y ambas partes dejaron trascender su voluntad de llegar a un acuerdo. Las gestiones son llevadas por Lisandro Sala, que representa al ministro de Planificación, Julio De Vido, en la Uniren; y por Gustavo Simeonoff, que refiere a Roberto Lavagna. Por la empresa, negocian un directivo del área financiera del grupo Suez, Alan Chaigneaot, y el gerente general de la empresa local, Jean Bernard Lemire.
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