En realidad, dentro del gobierno se analizaba la posibilidad de que desde el sector público comenzara algún tipo de presentaciones legales contra el Estado, por considerar que el hecho de no incrementar también el salario mínimo para estos trabajadores implicaría un acto de discriminación y de desigualdad ante la ley.
Según fuentes oficiales, este incremento no representaría un aumento significativo en el gasto público, ya que los cálculos del gobierno son que la gran mayoría de los trabajadores públicos ya está por encima de esa cifra. Se menciona igualmente que algunos sectores, como los docentes y médicos, pueden llegar a tener salarios menores en alguna circunstancia.
Ayer, el secretario de ATE, Pablo Micelli, declaró que
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