Los países emergentes están carcomidos por monopolios (una sola empresa o una que concentra 80% que fija precios y ataca a competidores); oligopolios (pocas que acuerdan precios pero compiten) y carteles (pocas también que además de fijar precios en común no compiten preservándose mutuamente sus «nichos» de mercado). Monopolio típico es «Clarín» y lo agravó su entrada ahora a CableVisión. Lo son ahora servicios públicos que antes eran monopolios estatales y ahora pasaron a ser privados. Oligopolio es consecuencia de la falta de capitales en países en desarrollo para hacer surgir nuevas empresas que compitan. Típico de esto son las ex empresas privadas de capital nacional que tuvieron que ir sucumbiendo a la fuerza y tentación de las multinacionales.
Los «carteles» o la «cartelización» son pocas empresas como las cementeras sancionadas recientemente que no sólo acordaban sino que se presume que se respetaban sus fracciones de mercado.
Son las formas deplorables, la más grave falla de la libre empresa que traban la defensa de la iniciativa privada por tales males. Deben ser formas combatidas aunque no es fácil.
No es fácil y menos lo será si se aprueba el proyecto enviado ayer al Congreso por iniciativa del ministro Roberto Lavagna y aprobado en el acto y sin análisis por el presidente Néstor Kirchner. Toda solución que sea violenta, porque la practica, agrada al Presidente mientras no lo afecte políticamente. Y las empresas como tales no votan, por eso siempre quiere verlas a la defensiva, aunque después el gobierno lamente que no hay inversión en el país para reducir el desempleo sin gasto del Estado.
El proyecto de ayer así presentado al Parlamento es autoritario, antidemocrático: un solo hombre, el ministro de Economía, determina dónde hay cartelización o no. Es fácil prever que si hay un aumento sectorial de precios aun justificado en costos o si las empresas no aceptan un «pacto con el gobierno» (en realidad un congelamiento de precios disimulado), Lavagna y sucesores quieren el poder omnímodo de declarar al sector rebelde como «cartelizado».
En 1890 la «Sherman Act» fue la primera ley que encaró en EE.UU. la lucha contra los monopolios. Hubo variantes menores hasta que en 1914 otra ley, la «Clayton Act.», terminó de perfeccionar la defensa del consumidor al cual todo acuerdo empresario de precios lo perjudica. Pero allá actúan el procurador, los fiscales, las asociaciones de consumidores y deciden los jueces. Nada queda en manos de un funcionario que pueda encolerizarse o usar políticamente la «cartelización».
En la Argentina siempre el tema fue casi broma. Hace menos de 10 años se votaba una «ley de monopolio a la argentina» que es un absurdo. Un legislador mendocino -hoy funcionario del gobierno- Rodolfo Gabrielli propuso excluir de cualquier clase de monopolio a «los medios de prensa». Obviamente era para permitir el monopolio de «Clarín». El peor de los monopolios es el de prensa porque nunca informará a la sociedad de los otros. Era tan absurdo ese artículo que no prosperó pero igual salió como ley antimonopolio un híbrido que no sirve. Hoy se propone cambiarla por un único inquisidor y juez, Roberto Lavagna y sucesores, cuando empresas -aunque no se «cartelicen»- pueden molestar al gobierno mientras, en el caso del monopolio «Clarín», es alentado a acrecentarse porque siempre sirve a los gobernantes de turno, antes militares y hoy civiles.
Luego de discutir el proyecto con Kirchner, Lavagna explicó que la regulación de las fusiones y adquisiciones de empresas
Pero el nuevo texto establece que el Poder Ejecutivo, que recibirá las recomendaciones del Tribunal, será quien tome «la decisión final» en caso de concentración económica en áreas de servicios públicos, defensa, energía, minería, o en las que tengan alto impacto sobre el empleo o la inversión.
La modificación también prevé «la constitución inmediata del Tribunal de Defensa de la Competencia», como forma de «fortalecer institucionalmente al órgano de Defensa de la Competencia», dijo Lavagna.
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