La iniciativa, manejada por la cartera de Desarrollo Social, está destinada a la compra de alimentos para la «atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia».
En aquella oportunidad, el decreto presidencial estableció que 40 por ciento de los recursos del programa se repartirá en función del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, mientras que 60 por ciento restante se hará de acuerdo con los coeficientes establecidos por la Ley 23.548, de Coparticipación Federal.
La descripción oficial, provincia por provincia, ofreció el siguiente panorama:
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