Tras desatar una fuerte polémica y enrarecer aún más el clima de conflicto, la avanzada de la Justicia federal sobre productores rurales y dirigentes opositores seguirá su curso esta semana, con la presentación de los implicados, que deberán realizar sus descargos.
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La radical bonaerense Margarita Stolbizer es una de las figuras políticas que resultó alcanzada por las citaciones. El viernes debió presentarse en la delegación Morón de la Policía Federal, donde le tomaron las huellas digitales y la notificaron sobre el llamado judicial, que deberá acatar este jueves. La socia política de Elisa Carrió está imputada por la violación del artículo 194 del Código Penal, que prevé una pena de entre tres meses y dos años de prisión a las personas que obstruyan el tránsito.
El supuesto delito fue cometido el 19 de marzo, cuando Stolbizer participó de un corte de ruta en la localidad de San Pedro. En la misma situación que ella fueron llamados a declarar el titular de la FAA, Eduardo Buzzi, y el presidente de CRA, Mario Llambías, además de la dirigente de la agrupación agraria Pampa Sur, María del Carmen Alarcón, y el intendente de San Pedro, el radical K Mario Barbieri.
La decisión fue adoptada por el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, de quien el radicalismo destaca la existencia de «fuertes vínculoscon el kirchnerismo» y nexo con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La causa está ahora en manos del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo.
Por su parte, el fiscal Murray también se encargó el viernes de solicitar la detención del titular de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores y su hijo Rufino, y los productores Reynaldo Bianchini, Alberto Batalla, Juan Kisling, José Morreres, Fernando Morreres y Fabián Pascual.
En este caso, la acusación que pesa sobre los ruralistas es la quema de pastizales sobre la banquinade la Ruta Nacional 9, un hecho que ocasionópérdida de visibilidad y fatales accidentes automovilísticos durante abril pasado.
Todos los productores fueron apresados en la tarde del viernes, en un operativo a cargo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval desplegado sobre esta misma ruta, que une Buenos Aires con Rosario.
Horas más tarde, Villafuerte Ruzo decidió las excarcelaciones -con la eliminación de las imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad-, que ocurrieron durante la medianoche, en medio de fuertes manifestaciones de rechazo por parte de entidades agropecuarias y denuncias de persecución por parte del gobierno nacional. Aun así, la investigación sigue su curso, con la vigencia de las acusaciones por «estrago» y «entorpecimiento de las vías de comunicación».
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