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Para las que no tienen áreas concesionadas, el decreto permite a las provincias seleccionar zonas dentro de su territorio y licitarlas. Para las que tienen áreas concesionadas a empresas privadas, pueden hacer licitaciones sobre el resto del subsuelo, pero el dominio total sobre los hidrocarburos lo tendrán a partir de lo que el gobierno llama «ley corta» de hidrocarburos.
El gobierno pretende que con la ley «corta» ya promulgada, y el nuevo Parlamento que se constituirá el 10 de diciembre, el año próximo pueda discutirse la nueva ley de hidrocarburos. Esta norma está demorada desde hace años por falta de acuerdo entre los legisladores.
Los puntos que suscitan más controversia son los referidos al cuidado del medio ambiente y a la comercialización de combustibles. Asimismo, la creación de un ente o consejo federal de hidrocarburos suscita resistencias en algunas provincias petroleras.
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