La Cámara de Diputados aprobó anoche la ratificación del decreto de necesidad y urgencia con el que Néstor Kirchner creó la nueva empresa AySA, que reemplaza a Aguas Argentinas en la prestación de servicios sanitarios. También se ratificó el segundo decreto, estableciendo que las acciones de AySA serán intransferibles, una disposición con la que el gobierno convenció a parte del Peronismo Federal (el resto de esa bancada ayer mismo se dividió en bloque aparte), y a miembros del propio Frente para la Victoria.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
No alcanzó, sin embargo, esa aclaración para calmar los ánimos de buena parte de la oposición que considera que el gobierno creó la nueva empresa como si se tratara de una sociedad privada, sin los controles propios de una empresa estatal y que, a pesar del último decreto de Kirchner, sus acciones pueden ser vendidas a inversores sin intervención del Congreso. Así, si bien el gobierno pudo conseguir la ratificación del DNU, tuvo que soportar críticas durante horas.
Aunque la sesión de ayer fue más larga que lo previsto, de todas formas no hubo demasiadas sorpresas en el resultado. La oposición dejó claro que el sistema de gobierno de Néstor Kirchner, al legislar mediante decretos y luego pedir la ratificación inmediata del Congreso, tiene sus límites y por eso se multiplicaron los pedidos para que se avance con la reglamentación de la Comisión Bicameral que debe controlar los DNU presidenciales, tal como fijó la Constitución de 1994. Fuera de esa crítica institucional, la creación de AySA por la vía del decreto y de la forma en que se hizo fue atacada por todos los bloques.
Discriminación
Desde el interbloque Propuesta Federal, Federico Pinedo criticó lo que incluso muchos diputados del kirchnerismo habían marcado, siempre en la intimidad, como una discriminación grave: que la Nación se hiciera cargo de las inversiones y el servicio de aguas en la Capital Federal y 15 municipios del conurbano, sin atender al resto de las empresas que prestan ese servicio en el resto del país. El gobierno, incluso, había tenido que prometer a los gobernadores que financiaría obras hídricas en el resto del país a través del ENOSA para calmar muchas de esas protestas. El radical Fernando Chironi, jefe de la bancada, atacó: «Los decretos de necesidad y urgencia son un mamarracho porque invaden jurisdicción ajena, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, incluyen en la ley la designación de un funcionario de probada ineficiencia y establecen la intransferibilidad de las acciones estatales que por definición son transferibles».
Elisa Carrió, sin embargo, fue la encargada de la peor crítica al gobierno: «Tengo fundadas sospechas sobre quién controlará esta empresa, Julio De Vido. Un ministro de Justicia renunció porque no quiso firmar sobreprecios en licitación de cárceles; un ministro de Economía denunció la cartelización de la obra pública y un gobernador de Santa Cruz renunció porque no se quiso someter a los pedidos de De Vido», acusó. El entrerriano Juan Carlos Godoy explicó claramente: « Tenemos el ejemplo de lo que pasó con ENARSA. Tiene un estatuto que no fue tratado en el recinto y que modificó la ley de sociedades porque amplió la posibilidad de emitir títulos y obligaciones que no estaban contemplados en la ley de sociedades comerciales». Atacó después lo que marcaron muchos diputados en el recinto: que el decreto que declara la intransferibilidad de las acciones de AySA no sirve para ese cometido ya que no se puede por decreto modificar otra ley general que establece lo contrario: «No se puede ir a tanto, estamos legislando por decreto. La ley de sociedades comerciales dice que las acciones de las SA se pueden transmitir. No podemos decir éstas no se transmiten y otras sí».
Claudio Lozano de la CTA, si bien defendió el espíritu de intervenir en un mercado con problemas en sus costos, como el de la provisión de aguas, no aceptó el esquema de reestatización: «En términos jurídicos esto es peor que ENARSA. Ahí estábamos discutiendo una ley, aquí ni siquiera eso, es un decreto. El debate de hoy no es sobre el futuro. A la hora de los controles este tipo de sociedades no funciona. Tenemos el ejemplo de ENARSA: el 11 de enero de 2006 se anunciaron acuerdos con las principales petroleras de la Argentina, sobre las que no tenemos información concreta de que se acordó y en algunos casos ENARSA pierde el carácter de mayoritario y de operador».
Dejá tu comentario