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El decreto de Néstor Kirchner -906/2004- dispuso que los fondos depositados en una veintena de fideicomisos destinados a financiar obras, consumos energéticos y desarrollo hidroeléctrico, entre otros temas, pasarán a depender directamente de un Consejo Consultivo de Inversiones, con lo que se modifica el destino original, además de establecer que esas operaciones no tendrán el control de la Ley de Administración Financiera del Estado. En números, significa asignar a la decisión de esos dos ministros unos $ 3.500 millones anuales en ingresos efectivos de los fiduciarios, más otros activos que están depositados en ellos.
Hoy, la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas tendrá una primera reunión de asesores para comenzar el análisis del decreto. Pero los diputados deberán estudiar también al menos tres proyectos de ley que ya fueron presentados pidiendo la nulidad o derogación del decreto presidencial.
En el Senado, el radicalismo fue quien primero comenzó el ataque contra la derivación de los activos de los fiduciarios a otro fin decidido por el gobierno. El jujeño Gerardo Morales rebatió cada uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo como justificación para la firma del decreto: «Al gobierno nacional no le resulta imprescindible dotarse de fluidez de recursos. No se puede obviar que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Planificación está siendo inferior a 40% de ejecución a mediados de año, mostrando no falta de recursos, sino imposibilidad de gestión de los fondos con que ya cuenta», protestó.
En Diputados, el demócrata santafesino Alberto Natale, acompañado del resto de los provinciales, presentó también un proyecto de ley que declara la nulidad del Decreto 906/2004, donde además se pide «la información de la gestión y evolución de los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del Estado nacional, sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios», algo que ya está investigando la Auditoría General de la Nación y que fue acordado en el Congreso el pasado 18 de marzo, mucho antes que el gobierno decidiera desviar los fondos.
«Además, se excluyen en dicha decisión los controles que establece la Ley de Administración Financiera del Estado», dijo Natale.
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