El Congreso ya tiene lista para funcionar su propia comisión investigadora sobre las actividades de las empresas cerealeras acusadas por la ONCCA de presentar declaraciones de exportación anticipadas para eludir la suba de retenciones de 2007 y evitar también calcular ese impuesto sobre el mayor valor que tenían los granos, especialmente la soja, a fines del año pasado.
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Diputados convirtió ayer en ley el proyecto de creación de la Bicameral que estará encargada de esa investigación. En este caso no hubo conflictos: desde que el proyecto comenzó a elaborarse en el Senado tanto el kirchnerismo como la UCR apoyaron la creación. Así, la votación de ayer fue unánime y consagró que seis diputados y seis senadores tendrán 90 días ( renovables por otro lapso similar) para emitir un dictamen sobre los movimientos de exportación de granos de una serie de cerealeras que fueron denunciadas por la ONCCA, pero que estaban sospechadas desde que Rafael Martínez Raimonda consiguió aprobar una ley que les prohibía declarar para exportación los granos que no tuvieran efectivamente en posesión.
La ley -que ya contaba con media sanción del Senado desde el 6 de agosto pasado- contempla la creación de una comisión bicameral que «no ocupará el rol de la Justicia», según se atajaron diputados y senadores, pero que contará con superpoderes intimidantes.
Tanto es así que al momento de votarla en el Senado, Miguel Pichetto se cuidó de explicar que en ningún caso se intentará sustituir a la Justicia y menos invalidar prueba que ésta podría utilizar en juicios posteriores. El temor es porque la mayoría de las comisiones investigadoras que se crearon en el Congreso no sólo terminaron sin probar la existencia de delitos sino que con procedimientos cinematográficos y ánimo de espías, los diputados y senadores terminaron complicando el accionar de la Justicia. Nadie olvida, por ejemplo, el caso de la comisión investigadora de la estatización de la empresa Italo: sólo en uno de los múltiples allanamientos que realizaron los diputados asistidos por la Policía destruyeron casi toda la prueba con que la Justicia podría haber condenado a los culpables.
Esta vez no faltarán facultades para imitar a esos legisladores de la época en que gobernaba Raúl Alfonsín. La Bicameral de las cerealeras podrá citar testigos, llevarlos al Congreso por la fuerza pública e inclusive pedir su detención si se considera que prestan falso testimonio. También podrá ordenar allanamientos y exigir a las empresas la presentación de la documentación como un tribunal.
Casi no hubo discursos para consagrar ayer ese cuerpo que tendrá como misión el estudio de «presuntas maniobras fraudulentas que las exportadoras habrían cometido con la presentación anticipada de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior sin haber efectuado la compra de granos y cereales», según dice la ley. Entre las primeras empresas que los senadores y diputados comenzarán a citar están Cargill, Molinos Río de la Plata, Bunge Argentina y Louis Dreyfuss, pero nadie descarta que otras como, Aceitera General Deheza (propiedad del senador kirchnerista Roberto Urquía), también sea llamada para dar explicaciones.
La denuncia de la ONCCA dice que mediante ese procedimiento las exportadoras de cereales evitaron pagar la suba de alícuotas de retenciones de 27,5 a 35% sobre la soja que en noviembre pasado dispuso el gobierno. Esa diferencia, más la suba de la soja durante el año, denuncia el gobierno, provocó una diferencia a favor de las cerealeras de u$s 1.500 millones.
Hace un mes, el presidente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), Ricardo Echegaray, ordenó revisar las retenciones aplicadas a las exportaciones de 30 millones de toneladas de granos y subproductos exportadas por 57 empresas.
Según esa investigación las cerealeras no pudieron acreditar la existencia de 24 millones de toneladas al momento de la exportación, tal como presentaron en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. Esa diferencia es la que ahora deberá investigar la comisión.
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