Cortan y restituyen el gas desde Bolivia

Una precaria tregua con un grupo de campesinos opositores, que había saboteado un gasoducto, permitió anoche al gobierno de Carlos Mesa retomar el envío de gas a nuestro país. El dato preocupa, dado que la proliferación de protestas en toda Bolivia a sólo tres días del crucial referendo por la nacionalización de los hidrocarburos pone en peligro la principal fuente de combustible con la que la Argentina está paliando su crisis energética.

La Paz (AFP, ASN, ANSA, Reuters) - La violencia desatada por los opositores al referéndum que definirá el destino del gas boliviano llegó a afectar ayer directamente a la Argentina, cuando campesinos del este de Bolivia mantuvieron cerrada durante varias horas la válvula de un gasoducto que transporta el combustible a ese país. Por la tarde, el gobierno de Carlos Mesa logró un acuerdo provisorio con los manifestantes, que levantaron la medida de fuerza hasta hoy.

Decenas de organizaciones sociales de Bolivia tratan de frenar por todos los medios -con una metodología que inevitablemente alude a la aplicada por los piqueteros argentinos- la realización de la consulta que impulsa el gobierno de Mesa y que se llevará a cabo este domingo.

La variedad de los reclamos quedó evidenciada cuando pobladores que exigían la construcción de infraestructura vial en la comarca Santa Rosa, situada a unos 150 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, interrumpieron el transporte de gas a la Argentina.

Los manifestantes levantaron la medida por la tarde, aunque provisoriamente. «Nosotros como personas civilizadas, sabemos el daño que le estábamos ocasionando al país y hemos visto con preocupación cómo nos hablaron (las autoridades). Entonces las válvulas han sido abiertas nuevamente», confirmó el vocero de los rebeldes a una radio. La condición de los manifestantes es que se firme hoy un convenio definitivo. De lo contrario, « automáticamente volveremos a tomar las acciones contra las empresas petroleras», dijo el dirigente Guido Vaca.

El viceministro de Energía boliviano, Alberto López, alertó sobre los « compromisos de entrega (a la Argentina), que tienen que ser en volumen y tiempo permanentes». Sin embargo, anoche no estaba asegurada oficialmente la reanudación del envío gas a la Argentina, que desde junio importa un volumen de cuatro millones de metros cúbicos diarios a raíz de la crisis del combustible.

Desde un comienzo, los sectores radicalizados de Bolivia, encabezados por el dirigente aimara y legislador ultraizquierdista Felipe Quispe, rechazaron la exportación de gas a ese país con el pretexto de que éste sería luego reenviado a Chile, estado con el que Bolivia mantiene una enemistad histórica.

A la protesta antiargentina se sumó ayer otra en la ciudad de La Paz, por parte de campesinos de la provincia del Chaco a favor de la anulación de los contratos de concesión de la brasileña Petrobras, que explota el riquísimo campo gasífero de San Alberto, en el sur de Bolivia. Petrobras explota junto a la francesa Total y la estadounidense Maxus el promisorio campo de San Alberto, que contiene gran parte de 1,4 billón de metros cúbicos, la segunda reserva de gas más importante de Sudamérica.

• Amenaza

Tras marchar 1.500 kilómetros, los manifestantes advirtieron que podrán «tomar medidas de hecho» en los yacimientos.

En la consulta del próximo domingo, los bolivianos decidirán si otorgan al presidente Mesa los poderes que pidió para anular la Ley de Hidrocarburos, que propone a largo plazo la nacionalización del gas en boca de pozo, pero rechaza la confiscación, extremo impulsado por los grupos radicalizados (ver vinculada).

Cerca de La Paz, en la zona agrícola de Yungas, un sindicato de cultivadores de coca anunció el corte desde mañana hasta el domingo de la ruta a La Paz, e indígenas guaraníes cerraron una vía que comunica a Santa Cruz con la localidad petrolera de Camiri (Sudeste).

La poderosa Central Obrera Departamental (COD) de El Alto exigió la nacionalización inmediata de los recursos y llamó a un paro cívico « movilizado» desde mañana hasta el domingo.

El Alto, vecina a La Paz y con alarmante niveles de empobrecimiento, fue epicentro de la insurrección popular que en octubre pasado depuso al presidente Sánchez de Lozada por su política hidrocarburífera supuestamente contraria a los intereses nacionales.