Deja Servini causa por pagos turbios a empresas

La Justicia ordenó unificar en un mismo juzgado las dos causas en las cuales se investiga el presunto pago fraudulento de $ 54 millones, por parte del Ministerio de Economía al grupo de aseguradoras Accolade Pool, en 2007. Hasta el momento, el caso estaba repartido entre el juzgado de María Servini de Cubría, a cargo del proceso por el presunto delito de administración fraudulenta y se centraba en cómo se había producido el pago, y el de Sergio Torres, responsable de la denuncia por supuesto lavado de dinero, que indaga sobre la «ruta del dinero», es decir, cómo se repartió el desembolso, una vez aprobado por Economía. Esta división se basaba en parte en las denuncias presentadas por el ex titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, y por el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Raúl Pleé. La Justicia finalmente determinó ayer unificar las investigaciones por el grado de conexidad que tienen.

El caso quedó a cargo de Sergio Torres, ya que, según el artículo 42 del Código Penal, de haber relación en dos procesos, la causa debe quedar en el juzgado responsable del delito con mayor pena. En este caso, presunto lavado de dinero. Ahora, el magistrado deberá investigar desde cómo se aprobó el pago hasta de qué manera se repartieron los $ 54 millones pagados en efectivo por el Estado en distintas sociedades anónimas y apoderados. En la causa son investigados, por el lado del ministerio, el ex director de Administración y ex subsecretario de Administración Patrimonial Juan Cayetano Intelisano, la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink y el ex subsecretario de Legales Osvaldo Siseles (estos dos últimos ya procesados por el caso Greco). También es objeto de pesquisa la conducta del coordinador general del INDER Duilio Edgardo López y la abogada de la coordinación de negocios en el exterior del INDER, Silvia Beatriz Macchi. Del sector privado, en ambas denuncias está señalado como supuesto principal beneficiario de desembolso el empresario Johann Holjevac. También figuran Darío Morresi, Walter Oscar Bonavera y Jorge Rodríguez.

Antes de este cambio de competencia, la jueza Servini de Cubría había avanzado bastante en la investigación del supuesto pago ilícito. Entre mediados de enero (cuando se presentó la denuncia penal) y finales de marzo, la jueza tomó declaraciones testimoniales al denunciante de la causa, el ex subsecretario de Legales Eduardo Prina y a funcionarios de línea del ministerio, que habían aconsejado no aprobar el pago. En estas declaraciones, se les preguntó a los testigos si habían observado casos análogos al de Accolade Pool en el ministerio y algunos señalaron una modalidad similar en una demanda de un astillero contra el Estado, sin precisar cuál. Este diario informó ya sobre supuestas irregularidades en querellas iniciadas por los astilleros Mestrina y Ortholan.

Testigo

Con respecto a este punto, el juzgado dio intervención al entonces fiscal Garrido para que indagara sobre el caso de los astilleros (que hoy se investiga en la FIA). También fue citado como testigo el abogado que ofició como defensor del Estado argentino en el pedido de cobro de sentencia de las reaseguradoras contra el país, en Inglaterra.

La investigación en el juzgado de Servini de Cubría se centró en dos aspectos: por un lado, determinar la competencia para aprobar el pago del principal imputado en la causa, Juan Cayetano Intelisano. Uno de los puntos clave de la denuncia es que él se autorremitió el expediente de Accolade Pool para viabilizar el desembolso. Por otro lado, trató de establecer el monto que se debía pagar y el cálculo de intereses según la sentencia de los tribunales ingleses en la que se basaron las reaseguradoras para tramitar la demanda por vía administrativa.

Sobre esto se ordenaron pericias contables y se preguntó a los contadores si correspondía pagar en bonos o en efectivo (otro de los datos llamativos del pago, ya que en general este tipo de demandas se resuelve mediante el pago de bonos. Además, se abrió un sumario sobre la demanda judicial que Accolade Pool había iniciado en la Argentina, y que la Justicia local rechazó por considerar que los certificados presentados eran insuficientes. También se libraron dos exhortos a Gran Bretaña para verificar si las sentencias eran reales y se pidió el contrato original firmado entre Accolade Pool y la ex Caja Nacional de Ahorro y Seguros, porque en la Argentina estos convenios están perdidos.

En el expediente administrativo se determinó que existían otras demandas históricas contra el Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER) -que se hizo cargo de los contratos de reaseguros de la ex CNAS-, con la diferencia de que en éstas no se habrían pagado. La primera es un pedido de pago de una reaseguradora del estado de Luisiana (EE.UU.), que incluso tiene una sentencia en Estados Unidos, que ha declarado al Estado argentino «en rebeldía» por no pagar. La segunda se refiere a una aseguradora con sede en Bahamas, sobre la que sólo existe el reclamo administrativo.