Néstor Kirchner tuvo que firmar ayer un decreto correctivo declarando que las acciones de la nueva empresa de servicios sanitarios AySA no serían transferibles sin una autorización previa por ley.
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Se intentó así destrabar la oposición del peronismo federal, y hasta de algunos kirchneristas a ratificar la creación de la reemplazante de Aguas Argentinas. Ese nuevo decreto, que llegó anoche al Congreso, modifica el artículo 2 del DNU original que creó la empresa salvando el punto que más habían cuestionado el Peronismo Federal y muchos oficialistas: que se hubiera creado una empresa pública -con 90% de sus acciones en manos del Estado, a través del Ministerio de Planificación y 10% en poder del Programa de Propiedad Participada y controladas por el sindicalista José Luis Lingieri- con la posibilidad de vender sus acciones casi en total libertad como si se tratara de una sociedad de derecho privado.
Anoche, el kirchnerismo debatía el camino por seguir hoy en el recinto para ratificar los decretos en una reunión del bloque Frente para la Victoria. Es decir, que ahora sus acciones no serán de «libre disponibilidad», sino que deberán estar bajo la órbita del Estado hasta que una ley establezca lo contrario, tal como sucedió con las privatizaciones en la década de los '90. El ARI continuó, de todas formas, con sus críticas a la falta de controles sobre la nueva empresa estatal y al nombramiento de Carlos Ben al frente del directorio por haber ocupado un sillón en Aguas Argentinas en representaciónde Suez. Pero con el nuevo decreto correctivo los ánimos aparecían más calmados en el radicalismo y el Peronismo Federal, votos estos últimos que le eran imprescindibles al kirchnerismo para ratificar el decreto de creación de AySA.
La UCR y los ex duhaldistas objetaron que se hubiera armado una sociedad anónima sin límite alguno a la transferencia futura de las acciones en un hipotético proceso de reprivatización, como que tampoco se hubiera establecido una reserva para ese posible caso de conservar la acción de oro en poder del Estado para mantener un margen de veto a las decisiones de la empresa.
Esa protesta incluía que AySA hubiera quedado bajo la órbita de la Ley 19.550, de Sociedades Anónimas, y bajo el control del Estado y que estuviera exenta por 90 días de cumplir con el Decreto 491 que pone límites a la contratación de personal y bienes y servicios.
Hoy el oficialismo tendrá, de todas maneras, que dar un paso previo para aprobar la creación de AySA. Por la mañana, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Obras Públicas emitirá el dictamen de la ratificación de los dos decretos -el DNU original y el firmado ayer- y por la tarde ambos bajarán al recinto.
Diputados había ratificado hace una semana -sin mayor crítica de la oposición- el primer decreto -no de necesidad y urgencia- firmado por Kirchner para disponer la rescisión de la concesión a Aguas Argentinas. El Senado lo terminará de ratificar hoy.
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