Duhalde burló al Fondo con un miniveto a "ley Clarín"

El presidente Eduardo Duhalde sigue sin prestar atención a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y sus actos parecen ser la consecuencia de presiones de todo tipo, antes que formar parte de un programa económico coherente, como vienen pidiendo ese organismo internacional y los gobiernos de los países más importantes del mundo. Uno de los últimos ejemplos es la aplicación de una retención de 20% a las exportaciones de petróleo. El Fondo hizo saber que se trata de un impuesto discriminatorio porque afecta sólo a un área, y recomendó, en cambio, una retención de 5% para todos los sectores exportadores. Sin embargo, Duhalde se habría decidido por el impuesto al sector petrolero sólo porque el inefable abogado Ricardo Monner Sanz -el mismo que accionó para encarcelar a Carlos Menem- lo acusó el miércoles en la Justicia por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» debido a la demora en aplicar las retenciones previstas en la Ley de Emergencia Pública. Se afirma que la opinión de la diputada Elisa Carrió sobre el tema fue en primera instancia, la que lo llevó a despegar al Ejecutivo de encontrar un mecanismo alternativo que provocara menos malestar en las petroleras. También en el caso de la Ley de Quiebras -conocida como «ley Clarín» porque la gestionó el monopolio-Duhalde desafió la opinión del Fondo. Desde ese organismo se le había insistido en que vetara totalmente la norma. O que por lo menos eliminara sus rasgos más agresivos para «la cultura del crédito en la Argentina», como dice uno de los dictámenes. Pero Duhalde sólo suprimió dos párrafos de la reforma. Uno, verdaderamente exagerado, en el que se obligaba a los bancos a pasar a pérdida total las deudas que no fueran reestructuradas de acuerdo con sus clientes. Otro, eliminado en defensa propia, que le permite a la AFIP ejecutar bienes de sus deudores, facultad que se les priva por 180 días hábiles a todos los demás acreedores. Cláusulas abusivas, como la extensión de la emergencia a casi 8 meses y la eliminación del «cram down» (por el cual un acreedor podría sugerir un plan de salvataje a la empresa en concurso, interviniendo en su conducción) fueron mantenidas a despecho de lo que reclamaron desde Washington.

Con el decreto de necesidad y urgencia N° 318, Eduardo Duhalde vetó ayer dos párrafos de la reforma a la Ley de Quiebras, desafiando al Fondo Monetario Internacional que recomendó en dos oportunidades que la norma fuera anulada totalmente. Se trata de la denominada «ley Clarín» -a raíz de que fue pactada por el Presidente y el mandamás del monopolio en una comida-, que beneficia a las empresas endeudadas o quebradas, sobre todo por la suspensión de ejecuciones por 180 días hábiles. Junto con el Decreto N° 214, que pesificó uno a uno la totalidad de las deudas, esta reforma forma parte del jubileo dispuesto por Duhalde y que llevó a uno de sus más cercanos funcionarios a bromear: «Somos el partido de los deudores».

En sustancia, el veto de Duhalde se limitó a un párrafo de la ley, el tercero del artículo 15. Allí se obligaba a los bancos a previsionar 100% de la deuda de sus clientes si al cabo de 90 días no se alcanzaba una reestructuración satisfactoria para ambas partes. Ahora la cláusula obligará a la reestructuración en 90 días pero sin imponer sanción alguna, por lo cual el texto pierde lógica.

La otra corrección que Duhalde realizó sobre la ley tiene que ver con el propio Estado: autorizó a la AFIP a ejecutar a sus deudores. Originariamente, la norma negaba el derecho a ejecutar universalmente, sin restricción alguna (artículo 16).

Finalmente, el gobierno vetó también un par de artículos (17 y 18) que resultaron ociosos a partir de la sanción del Decreto N° 214, que estableció la pesificación total de las deudas.

• Vigencia

En cambio, el Ejecutivo no siguió las recomendaciones del Fondo y dejó vigentes el artículo 8° (suspende la ejecución de garantías para operaciones financieras), 9°(suspende por 180 días hábiles las ejecuciones hipotecarias y prendarias), 15° (se pedía el veto completo y el gobierno sólo suprimió un párrafo) y 21° (suspendía el «cram down» por el que un acreedor puede tomar para sí la conducción de una empresa concursada).

Claudio Loser, el director para el Hemisferio Occidental del FMI, había enviado a Buenos Aires un memorándum hace aproximadamente 15 días reclamando que «se vete totalmente una ley que agrede al sistema bancario y perjudica la cultura del crédito en el país». El lunes pasado, exactamente cuando Jorge Remes Lenicov emprendió viaje hacia Washington, el Fondo emitió otro dictamen insistiendo en el veto total y sugiriendo, como el anterior, que se suprimieran algunos artículos exasperantes.Ya en esta ocasión los técnicos del organismo avanzaron más allá y pidieron una «reforma más profunda» de la ley acotando el papel de los síndicos y modificando el proceso judicial en los concursos y quiebras.

Curiosamente, también la totalidad de las oficinas del gobierno consultadas por Duhalde coincidieron con el Fondo: la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Banco Central, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica. Sin embargo, Duhalde eliminó solamente la cláusula que ponía en jaque a todo el sistema financiero obligando a computar como pérdida toda deuda no renegociada satisfactoriamente con los deudores (lo que era una invitación a no pagar que haría quebrar a todos los bancos).

El Presidente se cuidó también de tocar una de las exigencias centrales del monopolio «Clarín»: que se elimine la posibilidad de que un acreedor se haga cargo del manejo de la empresa durante el concurso. Héctor Magnetto, el enigmático mandamás del monopolio, y José Luis Manzano fueron los más activos a la hora de presionar en favor de la ley, sobre todo en este punto.

Al jubileo de grandes empresas lanzado por Duhalde (pesificación de todas las deudas más reforma a la Ley de Quiebras) sólo le faltaría una instancia ahora: que se disponga de un seguro de cambio retroactivo -en rigor, un subsidio- para que las compañías endeudadas en el exterior en dólares puedan pesificar los montos «1 a 1». Hasta el presidente del Banco Central, Mario Blejer, lo consideró intolerable durante un reportaje publicado ayer en este diario. Pero las presiones del monopolio «Clarín» podrían, tal vez, cruzar esa barrera.