Eduardo Duhalde promulgó ayer la ley que intenta frenar el «goteo» de fondos del «corralito». Después de un día de versiones cruzadas sobre la posibilidad de vetos, el gobierno finalmente decidió no hacer cambios. El miedo en el Ejecutivo es la posibilidad de que desde hoy los jueces pro amparos busquen flancos débiles para atacarla por inconstitucional. Hoy será la prueba de fuego para la nueva norma.
Con muchas dudas, Eduardo Duhalde promulgó ayer la ley que frena la entrega de depósitos de ahorristas acorralados con la mera presentación de una acción de amparo, como vino sucediendo hasta esta semana. La incertidumbre por lo votado en el Congreso gira exclusivamente en torno de la constitucionalidad o no de la medida y la posibilidad de que los jueces actúen en contra desde hoy. Hubo idas y vueltas en el gobierno, anuncios de vetos por parte de Jorge Capitanich, pero al final Duhalde terminó promulgándola sin cambios. Pero la historia no fue fácil.
•Consultas
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El proyecto que ingresó al Senado el miércoles por la mañana, enviado por el Ejecutivo, difiere sustancialmente de la ley sancionada ayer a la madrugada: en el caso de aceptarse un amparo por plazos fijo reprogramados se obligaba a realizar un depósito judicial indisponible en el mismo banco donde se encontraban los fondos hasta que la sentencia quedara firme. Además, obligaba al juez a dar intervención a la Procuración del Tesoro en toda medida que pudiera afectar las normas del «corralito».
Ese proyecto fue modificado por una comisión de senadores y diputados en la que trabajaron Guillermo Jenefes y Sonia Escudero, y de la que se apartó la puntana Liliana Negre de Alonso por estar en contra de la ley. Cada una de las modificaciones que fueron introduciendo -existieron al menos tres versiones distintas-se consultaron extraoficialmente con funcionarios de la Corte Suprema para comprobar el grado de constitucionalidad del proyecto que se iba a votar.
Por eso ayer en el Congreso no se entendía que hubiera sectores del Ejecutivo que impulsaran algunos vetos a una ley que consideraban más «blindada» a la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad que el proyecto enviado por el Ejecutivo.
A pesar de ese dato, algunos integrantes del gobierno siguieron cuestionando la constitucionalidad del proyecto sancionado, aunque en la reunión de gabinete Jorge Vanossi dijo que la ley era una joya. Mario Blejer, consultado, no estuvo tan efusivo, pero reconoció: « Hay lagunas que pueden solucionarse mediante resoluciones.» En esa tarea todavía continuaba anoche el presidente del Central.
•Argumento
Desde la Secretaría Legal y Técnica se llegó a hablar de observar completamente el proyecto, idea que enseguida se dejó de lado por el impresionante nivel de conflictividad que suponía. Más tarde se argumentó que los artículos eliminados podrían ser el 7 y el 8, lo que suponía restablecer el «per saltum» a la Corte Suprema para la apelación del Estado a los amparos habilitados en primera instancia. Luego se dejó de lado también esa opción.
Se atribuye a Raúl Alvarez Echagüe el pedido para que se eliminara la palabra «previamente» del artículo que obliga a los jueces a notificar al Banco Central para certificar la existencia de los depósitos antes de ordenar la entrega de los fondos al ahorrista. Hacer lugar a un pedido así hubiera significado una pérdida de efecto total en la ley. En el gobierno se estima que esa notificación al Central, sin plazo, es una de las herramientas que más puede colaborar a retrasar la entrega de los fondos acorralados.
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