El dilema de los impuestos en el sector de hidrocarburos

El Decreto 310/2002 fijó un derecho de exportación del 20% para las exportaciones de hidrocarburos y 5% a los derivados con el fin de mejorar la recaudación y aliviar el notable deterioro en las cuentas fiscales. El Gobierno justificó esta decisión aduciendo los beneficios que las compañías petroleras obtendrían como consecuencia de la devaluación. No obstante, este aumento en impuestos no será neutro para la economía, sino que puede tener profundos efectos negativos.

La industria del petróleo y gas se caracteriza por ser de capital intensivo y porque las inversiones están estrechamente ligadas a la rentabilidad que, a su vez, se encuentra fundamentalmente ligada a la evolución y fluctuaciones del WTI (el índice de referencia del precio del petróleo). Por su parte, la inversión resulta en un incremento de la producción que se traduce en un incremento del empleo (de crítico interés social en el interior del país), y además, en un incremento de las exportaciones y de las regalías que se pagan a los estados provinciales. Los nuevos impuestos en hidrocarburos deberían intentar afectar lo menos posible esta ecuación económica. Es deseable lograr que el nivel de inversiones, directamente relacionado con el nivel de producción, empleo, exportaciones y regalías del sector mantenga la tendencia de desarrollo que logró en la década de los noventa. La adopción de medidas irracionales afectaría negativamente todas las variables antes mencionadas impactando directamente las economías de las provincias productoras.