Los herederos del Grupo Greco no descansan en su intención de cobrarle al Estado argentino los casi $ 600 millones que el Senado les frenó hace casi un año. La Justicia ya ordenó renovar un embargo por esa suma en bonos e intimó a la Secretaría de Finanzas que cumpla la orden. La decisión del juez Francisco de Asís Soto, del juzgado Comercial Federal 6, donde se tramita la causa por la que los ex miembros del Grupo Greco-Bassil ejecutan al Estado por incumplimiento del acuerdo de compensación que firmaron en 1987 con el gobierno de Raúl Alfonsín, es similar a otras intimaciones que llegaron al Ministerio de Economía cuando Alfredo MacLaughlin manejaba el área de Finanzas.
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De hecho, siempre se sospechó que ésa había sido la razón por la que el ex funcionario renunció, después de haber recomendado a Felisa Miceli que se enviara al Congreso el pedido de autorización para emitir bonos y pagar esa cuestionada deuda.
La intimación de Asís Soto al Ministerio de Economía involucra un embargo por casi $ 600 millones que están integrados por $ 315 millones en bonos y otros $ 63 millones de bonos de consolidación para atender a los cupones que se hubieran vencido desde noviembre de 2006.
Con eso busca garantizar el pago de lo adeudado por el Estado a los Greco, siempre de acuerdo con la liquidación que los abogados oficiales terminaron convalidando en 2005 casi sin oponer defensas, cuando hasta ese momento estaba cuestionada no sólo la deuda misma con los mendocinos, sino también la posibilidad de que el grupo aún debiera fondos al Estado después de la intervención en 1981 y la quiebra de muchas de sus empresas.
El caso Greco comenzó con un pedido del gobierno al Congreso para autorizar un incremento de $ 1.300 millones en emisión anual de títulos de deuda. En Diputados se aprobó sin cuestionamientos, pero el radicalismo del Senado puso la lupa sobre el destino de esos nuevos bonos. Las aclaraciones por parte del Ministerio de Economía no ayudaron: quedó claro que casi $ 600 millones de esos bonos se aplicarían al pago de juicios perdidos por el Estado a favor de los ex integrantes del Grupo Greco.
Esos juicios habían sido iniciados por incumplimiento de un acuerdo que el Estado firmó con los Greco en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, por el que se les restituían fondos y propiedades en resarcimiento por los errores cometidos en la intervención de las empresas del grupo en 1980, durante la dictadura militar.
Legitimidad
El problema giró en torno de la legitimidad de la deuda reclamada por los Greco y la defensa que hicieron los abogados del Estado. Esa causa tuvo dos momentos dudosos: cuando el 11 de agosto de 2005 el juez Asís Soto homologó el acuerdo entre el Ministerio de Economía y los representantes de los Greco quedaron sin abrir 38 cuadernos de prueba sobre las quiebras que había pedido la anterior defensora estatal, María Eugenia Martínez. Así, de la noche a la mañana, el departamento legal del Ministerio de Economía les reconoció una deuda que aún restaba aclarar. En octubre de 2006 se llegó al segundo paso cuando Miceli le pidió al Congreso la autorización para el pago, pero encubierta dentro de un proyecto. Había cambiado el ministro, pero no la causa.
Y aunque en el medio del escándalo la propia Miceli ordenó que se investigara a su ministerio, impugnó el pago y revocó los actos administrativos firmados por sus abogados en favor del desembolso de fondos, la causa que lleva adelante el juez Sergio Torre nunca ofreció claridad sobre el tema. En la Justicia comercial, mientras tanto, el intento de cobro nunca se frenó.
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