El origen de la crisis

Jorge Avila se ha referido recientemente a dos escuelas -la «fiscalista» y la «monetarista»- en el debate sobre el origen de la «histórica catástrofe que sufre la Argentina desde 2001» (Ambito Financiero del 5/7/2002). Identifica la primera como sosteniendo que el germen de la crisis se generó en la década del '90 a través de un intenso aumento del gasto y de la deuda pública. Opone a esta escuela el dato de que el gasto primario -si bien creció 73%- se mantuvo constante en términos del PBI, y le concede razón sólo parcial a su argumento del aumento de la deuda.

Caracteriza a la escuela monetarista, a su vez, como sosteniendo que el factor más responsable de la catástrofe fue la ineptitud de la Alianza, de la Alianza & Cavallo y de las políticas de la administración Duhalde.

He venido sosteniendo:

a) Que el nivel del gasto público, los consecuentes déficit fiscales y el aumento insostenible de la deuda deterioraron severamente la convertibilidad.

b) Que la transformación de ese deterioro en crisis en 2000-2001 se debió a la incompetencia de la Alianza y de la Alianza & Cavallo en revertir, precisamente, la política fiscal anterior.

c) Que el agravamiento de la crisis a un estadio virtualmente terminal obedeció al deterioro producido por la Alianza & Cavallo en la demanda de dinero, seguida del deterioro producido por la administración Duhalde en la seguridad de la propiedad privada y los contratos. Por tanto, mostraré que en tanto los reparos de Avila a la escuela «fiscalista» son incorrectos, la explicación «monetarista» es esencial para entender por qué la crisis se convirtió en virtualmente terminal. Llamaré a esta escuela, siguiendo a Avila, «fiscalista-monetarista».

• La década del '90

En las reformas estructurales de los '90 estuvo ausente una reforma del Estado, y rápidamente se recreó su insolvencia estructural. El aumento del gasto primario, a pesar de significativos aumentos en la recaudación y privatizaciones por u$s 28 mil millones, determinó a partir de 1994 recurrentes déficit, que se tradujeron en un acelerado aumento de la deuda pública, y de la cuenta de intereses tanto por la mayor deuda como por las tasas crecientes derivadas del deterioro del riesgo-país.

El resultado es que la deuda pública alcanzó rápidamente niveles muy elevados en relación con cualquier variable: como proporción del PBI (52,5% en 2000, o 56,1% si no hubieran mediado ganancias inesperadas de cambio por 3,6%), en su relación con las exportaciones (480% en 2000, siendo que una parte importante es deuda externa), y en relación con el tamaño de los mercados financiero y de capitales locales (120,8% en 2000). Los requerimientos financieros del Estado provocaron un desplazamiento creciente del sector privado de los mercados de crédito («crowding out») y ello, junto con la cláusula de techo soberano que contagió el deterioro de la calificación de riesgo soberano a las empresas, convirtió a los costos financieros en la principal desventaja competitiva de la economía.

La acumulación de importantes vencimientos anuales -u$s 15/20 mil millones-, junto con un déficit fiscal consolidado del orden de u$s 10/14 mil millones anuales, generó necesidades brutas de financiamiento que potenciaron el riesgo de «roll over» en la percepción de los inversores. Así, en el año 2000, las necesidades brutas de financiamiento ya habían escalado a 37% de la emisión internacional de bonos emergentes y a 31% del tamaño del sistema financiero local. En estas condiciones, el financiamiento externo privado terminó de retraerse en el primer semestre de 2000.

Es cierto, como señala Avila, que el gasto primario se mantuvo constante como proporción del PBI, pero el hecho de que, a pesar de la mayor recaudación y de las privatizaciones, haya habido déficit desde 1994, muestra que no era financiable, como también lo mostraba el deterioro del riesgo-país a medida que crecía la deuda. Siendo así, el gasto público debió haber bajado. La estrategia fiscal y de deuda apropiada era eliminar el déficit a través de la baja del gasto, estabilizar el nivel total de la deuda pública y permitir que el crecimiento del mercado financiero y de capitales local absorbiera progresivamente porciones crecientes de la misma sobre bases voluntarias. La reducción consecuente de la deuda pública externa habría mejorado drásticamente el riesgo-país. Esta solución, implementada en algún momento entre 1994 y 1997, habría permitido a la Argentina luchar por alcanzar el escalón inferior del grado de inversión, del que estaba a sólo dos escalones. Implementada a comienzos de 2000, habría evitado la transformación del deterioro de la convertibilidad en crisis.

En apoyo de la tesis centrada en la necesidad de bajar el gasto, se encuentra el hecho de que una parte importante de su aumento fue improductiva, dirigida a gasto corriente incapaz de generar recursos para repagar la deuda, y en vez de traducirse en un aumento de la oferta y calidad de los bienes públicos se tradujo en un aumento de la ineficiencia con que son producidos, aumentando el gravoso componente de «peso muerto» del sector público sobre el privado.

La Alianza, sin diagnóstico, se equivocó al atacar el déficit en forma gradual -en vez de total- y a través del aumento de impuestos -en vez de concentrarlo en la baja del gasto-. Careció de toda política financiera que no fuera cubrir pasivamente el déficit y subestimó las dificultades que la Argentina tendría para obtener financiamiento. Miembros del mismo equipo económico que en los '80, bajo el supuesto de que podría acomodar cualquier gasto fiscal y cuasi fiscal con deuda forzosa y emisión, llevó al país a la hiperinflación; en el gobierno de la Alianza, bajo el supuesto de que se podría obtener cualquier financiamiento necesario, llevaron al país al umbral del default. El FMI pre Bush/ Köhler/Krueger vino en ayuda del gobierno, y el equipo económico, luego de haber anunciado que no podría cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, dilapidó el blindaje en menos de 60 días. El blindaje, que fue para los mercados la señal para acelerar su salida del riesgo argentino, inexplicablemente fue para el gobierno una señal para relajar la política fiscal.

Errores de la Alianza & Cavallo

Cavallo heredó el diagnóstico equivocado de Machinea, subestimando el principal problema, el riesgo de default, y agravó este error con políticas ofertistas en un contexto de elevado déficit fiscal y crisis de la deuda.

Su principal desacierto fueron las dudas que generó en la continuidad del régimen de convertibilidad, a través de su eurorización y del factor de convergencia, elementos que junto al financiamiento requerido al Banco Central y al avance sobre su autonomía, afectaron negativamente la demanda de dinero, y llevaron a la huida masiva de depósitos y reservas, destruyendo de ese modo el único financiamiento que quedaba, que era el interno. Combinado con la expansión de crédito interno para seguir financiando al sector público y asistir a bancos con dificultades de liquidez, se sentaron las bases para transformar la crisis detonada en el año 2000 en virtualmente terminal. El anuncio de déficit cero en julio de 2001 fue tardío, además de insuficiente y de estar basado no sólo en baja de gastos sino también en nuevos aumentos de impuestos.

Errores de la administración Duhalde

El gobierno de Duhalde se apartó de todo intento de corrección de los errores fiscales y monetarios. Repuso el financiamiento inflacionario del Banco Central al Tesoro y pasó a descansar en el aumento de recursos generado -vía abandono de la convertibilidad- por la inflación y las retenciones. Por otra parte, la pérdida de credibilidad en los contratos y en el derecho de propiedad provocados por la pesificación y reprogramación de los depósitos, terminó de destruir toda propensión del público a mantener activos monetarios locales. Entretanto, el déficit, el aumento de deuda y la imposibilidad de controlar la expansión monetaria continúan.

He presentado las credenciales de la tercera escuela. La explicación «fiscalista» pura es insuficiente para explicar por qué el deterioro de la convertibilidad se convierte en crisis de gravedad inédita en 2000-2001. Y la escuela «monetarista» pura se resiste a mencionar los errores de política de los '90, como para poder corregirlos, silencio que nos condenaría a perpetuidad a un Estado ineficiente y deficitario.

(*) Economista. Ex gerente general del Banco Central.