Empresarios en IDEA creen inevitables los despidos

Robert Reich, ex secretario de Trabajo de Bill Clinton y asesor de Barack Obama, durante su disertación ayer en Mar del Plata.

Mar del Plata - «Lo mejor que se puede hacer es empezar con los ajustes de personal antes de las vacaciones; después será peor. Pero que va a haber que despedir personal, a esta altura ya no hay dudas». La visión apocalíptica del CEO de un fuerte grupo empresario de servicios -que obviamente pidió reserva de su identidad- es lo que más se escucha en los pasillos del Sheraton Mar del Plata donde se desarrolla el 44º Coloquio de IDEA. La certeza de que los remezones de la crisis internacional, más la propia tormenta generada en la Argentina y la crisis de confianza que se está comprobando, hace que muchos empresarios ya estén haciendo las cuentas respecto de cuánta gente deberá perder su empleo en los próximos meses.

A la influencia de la crisis internacional y la crisis de confianza en la Argentina se sumó en las últimas horas la espada de Damocles de la posible reinstalación de la doble indemnización, así como la falta de definiciones oficiales del gobierno sobre la legislación de riesgos laborales, un tema que -a pesar de las promesas de la Presidente- sigue congelado en algún cajón del Ministerio de Trabajo.

Las reducciones se harán sentir sin dudas más en las empresas industriales que en las de servicios. Cristiano Rattazzi, CEO de Fiat, dijo sin embargo que «no tenemos ningún plan ni intención de producir despidos. ¿Qué pasará el año próximo? No lo sé; quizá Brasil tenga un boom de consumo que nos permita exportar mucho más y a lo mejor en lugar de despedir terminamos contratando más gente. Pero hoy es demasiado pronto para arriesgar un pronóstico».

En el mismo sentido, Guillermo Cascio, CEO de IBM Argentina, aseguró que «todavía no hemos revisado a la baja los planes de incorporación de personal que tenemos para 2009. El tipo de cambio incluso podría favorecernos, porque podríamos incrementar la cantidad de servicios que exportamos a Estados Unidos y Europa». En cambio un alto ejecutivo de una empresa «high tech» admitió que «ya no vamos a tomar gente para exportar servicios al ritmo que veníamos; y es posible que debamos desprendernos de personal».

Seguramente por este debate, una de las exposiciones más escuchadas de ayer fue la de Robert Reich, ex secretario de Trabajo del presidente Bill Clinton y asesor del candidato demócrata Barak Obama. El experto pidió «transparencia, responsabilidad por los actos de gobierno y seguridad jurídica» como requisitos básicos para superar la crisis, y después -en diálogo con este diario- a pesar de ser un «liberal» ( progresista) sostuvo que «si el gobierno pone trabas para que las empresas despidan personal cuando no pueden mantenerlos en sus plantillas, después será muchísimo más difícil y caro que esas empresas vuelvan a contratar gente».

El experto dijo que la ola de despidos que se avecina (que ya está comenzando a vislumbrarse, además) en Estados Unidos no tendrá repercusiones sociales manifiestas, simplemente porque «de la fuerza de trabajo de mi país, apenas 8% está afiliada a un gremio». Admitió, en la charla con Ambito Financiero, que la realidad argentina y su alta sindicalización hacía más complicado el escenario social en caso de que se repliquen aquí esos despidos masivos.

Sugerencia

Por eso, y por la ausencia de un sistema de subsidios para el desempleo en el país, sugirió la conformación de un órgano tripartito gobierno-empresas-gremios para tratar de paliar los efectos de esas medidas. «Pero tampoco Estados Unidos es un paraíso en ese sentido: sólo 40% de los desocupados tienen cobertura del fondo de desempleo; el resto ya cumplió los 18 meses de cobertura que prevé la ley, o era independiente, o trabajaba part-time.»

En una referencia no muy elíptica a la Argentina, aseguró que «para que no haya despidos tiene que haber inversión, y los países más atractivos para los inversores son los que respetan la seguridad jurídica, donde impera la transparencia y la rendición de cuentas en los actos de gobierno,donde la gente puede predecir que se cumplirán las normas. Lo contrario son los países en los que imperan los sobornos, los lobbystas, donde las leyes cambian de un día para el otro».

Un rato antes Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, había hablado de la Justicia casi «in abstracto», hasta que desde el público le preguntaron por la lenidad de los jueces para con los convictos. El presidente de la Corte sorprendió al decir que «los jueces deben tomar conciencia de que el respeto a las garantías no implica una Nación de puertas giratorias». Seguramente fue ese párrafo (en su exposición de casi una hora) la que le valió la larga ovación que le brindaron los casi 900 empresarios que habían madrugado para escucharlo. «Las reglas del debido proceso deben ser cumplidas por el juez, pero también el ciudadano tiene derecho a vivir seguro. No hay que negar un derecho para garantizar el otro. Ciudades como Nueva York o Miami cambiaron con políticas públicas para reparar las injusticias y la marginalidad, no por los jueces.»

El jefe del máximo tribunal almorzó en privado con un grupo de CEO y ejecutivos, y muchos de los asistentes admitieron cierta desilusión con la experiencia: «Cada pregunta que se le hacía respondía (y está claro que no podía hacer otra cosa) que no podía emitir opinión porque en el futuro podría tener que expedirse sobre el tema. Pero sí dijo que el país tenía un déficit legislativo importante en áreas clave», le confidenció a este diario uno de los participantes de ese almuerzo.

Varios de los asistentes se quedaron con las ganas de preguntarle su opinión sobre un tema que Lorenzetti había tocado en su discurso público. Dijo que hace años los jueces « tenían menos problemas, algún pleito que decidir, un asesinato por año. Ahora la litigiosidad de la sociedad se ha multiplicado». Uno de los aspectos en que esa litigiosidad creció de manera exponencial es el de los juicios laborales. Y esa explosión de demandas por accidentes del trabajo se originó justamente en un fallo de la Corte, declarando inconstitucionales los topes a las indemnizaciones fijados en la ley de ART. «Me hubiera gustado preguntarle sobre eso, pero no se pudo», le dijo a este diario otro confidente.