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El Ejecutivo de la UE adoptó un informe, dirigido a los Quince, en el que respalda la iniciativa de la actual presidencia de turno española, que ha hecho del establecimiento del Banco euromediterráneo una de sus prioridades.
El objetivo del nuevo instrumento financiero es promover el desarrollo del sector privado en los doce países del sur y este del Mediterráneo asociados a la UE, así como ayudar a la financiación de infraestructuras "en los sectores que están siendo liberalizados".
Al término de una "amplia discusión" entre los comisarios europeos, según explicó a la prensa el presidente Romano Prodi, la Comisión descartó tanto la opción de crear una mera facilidad financiera como el establecimiento de un banco completamente nuevo.
En su lugar, El Ejecutivo comunitario propone a los Quince situar la nueva instancia, que estará abierta a la participación de terceros paíes, dentro del grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
El BEI es la entidad crediticia de la UE para operaciones a largo plazo, tiene sede en Luxemburgo y ya está muy presente en todo el área mediterránea.
Con un volumen de préstamos de unos 1.000 millones de euros anuales y una cartera total de 9.000 millones, el BEI es el principal actor financiero internacional en los doce países asociados del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez), Mashrek (Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Siria y la Autoridad palestina) y del este del Mediterráneo (Malta, Chipre y Turquía).
Prodi reconoció que un grupo "pequeño" de comisarios prefería la opción menos ambiciosa de un fondo o facilidad de préstamo del BEI, pero consideraciones "tanto políticas como económicas" aconsejaron descartarla.
La fórmula preferida por la Comisión consiste en el establecimiento de una filial del BEI que recibirá la actual cartera de créditos de este banco en la región, y en la que el Banco Europeo de Inversiones poseerá la mayoría del capital.
Una filial evita duplicaciones al tiempo que permite a los países asociados de la ribera sur adquirir una "propiedad plena" y participar en la toma de decisiones, sin que los Quince renuncien por ello al "carácter europeo" del nuevo banco, según el informe.
Tanto Prodi como el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, subrayaron en su presentación la "necesidad política" de que los países del sur queden asociados al proyecto y a las futuras decisiones de financiación.
La opción de una "verdadera filial", aunque resulta menos vistosa que la creación de un banco completamente nuevo, permitirá reducir los costes operativos y extender a la nueva entidad la excelente calificación de que disfruta el BEI en los mercados de capitales, lo que le permitirá ofrecer préstamos muy competitivos.
La Comisión dejó abiertos, no obstante, aspectos muy importantes de la operación, como el montante exacto del capital y su reparto entre los miembros fundadores, la eventual cobertura geográfica de las operaciones, el futuro de la garantía del presupuesto de la UE sobre los préstamos a la región, o la fórmula de propiedad para los países terceros.
Por lo demás, según Prodi, "ni siquiera nos hemos planteado la cuestión de la sede" de la nueva instancia financiera, la cual podría contar con una plantilla de unas 250 personas.
Fuentes del BEI pronosticaron que el problema de la sede sólo se abordará cuando los ministros de Finanzas o, en su caso, los jefes de gobierno tomen la decisión final sobre la estructura accionarial del nuevo banco.
En ese momento, algunos estados miembros de la UE podrían decidir participar en la filial con un porcentaje superior al que les corresponde de manera indirecta en virtud de su presencia en el BEI.
Los que así lo decidan tendrían más posibilidades de reclamar para sí la sede del Banco.
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