FMI hará monitoreo sobre el Pacto Fiscal

La propuesta surge de una tesis del gobierno nacional donde se asegura que el alza de la recaudación vía inflación y sus efectos sobre el IVA, más la mejora del impuesto al cheque (dos impuestos que se coparticipan), garantizaría el cumplimiento de las metas de reducción del déficit; con un dato fundamental para los gobernadores: no habría necesidad efectiva de despedir empleados públicos. En lugar de esto, sí habría compromisos de reducir la masa salarial.

En el caso de Buenos Aires, Felipe Solá y sus asesores económicos le aseguraron a Economía que sólo con medidas administrativas, más el alza de la recaudación alcanzaría para cumplir con la reducción de 50% del déficit. Las tres medidas concretas que está llevando adelante el gobernador bonaerense, y que le permitirían ahorrar $ 500 millones, serían las siguientes. En primer lugar, avanza el equiparamiento de los salarios de los docentes provinciales con el resto de los empleados públicos. Luego habría un cambio en la política de pago de horas extra por un «régimen de unidades redistributivas». Por este sistema, en lugar de garantizar el pago de las horas extra sin límite, la gobernación enviaría un monto fijo de dinero a distribuir entre los empleados según las áreas. En tercer lugar continuaría la reducción de contratos de empleados a medida que vayan venciendo los que aún están en vigencia.

En el caso de Córdoba y Santa Fe la situación sería diferente. Según las cifras internas de las dos provincias, si se mantuviera en el resto del año el nivel actual de pagos de salarios, cruzado con el incremento de la recaudación nacional y los tributos internos propios de cada gobernación, hacia fin de año se cumpliría con la meta de 60% de reducción del déficit.