El plan que se apresta a lanzar el gobierno tras los feriados de Semana Santa no sólo tendrá medidas económicas. Lo político jugará un rol clave: trascendió que Eduardo Duhalde anunciará un pacto y que inclusive el acuerdo con el FMI podría ser refrendado por gobernadores y la oposición. En la interna del PJ, Duhalde también busca que la paz envuelva al mismísimo Carlos Menem. Delegados de Olivos y de Anillaco debatieron los términos de un acercamiento en una cumbre secreta que se realizó el martes por la noche. Desde la Casa Rosada se procura, además, cerrar otros dos frentes de conflicto de la vida política. La Corte Suprema de Justicia aprovecharía un pronunciamiento sobre los fondos de San Luis atrapados en el «corralito» para clausurar la ola de amparos judiciales (ayer siguieron provocando una fuerte caída de depósitos y reservas del Banco Central). Más allá de este intento, la solución legal sigue siendo el estado de sitio para frenar el desorden financiero. En lo económico, se buscará dar inmunidad para los directores del Banco Central (sufren también una ola de juicios), se lanzará la ofensiva en el Congreso por la revisión de la ley de «subversión económica» y la de Quiebras, y se limitará la emisión de más bonos provinciales. El dólar seguirá flotando y se descartó poner banda de flotación o fijarlo. Habrá una meta ambiciosa: superávit fiscal a fin de año, aunque de la mano de las retenciones a los exportadores (no serían móviles). Se seguían estudiando ayer alternativas para liberar cuentas corrientes y cajas de ahorro del «corralito». Desmintieron anoche una rebaja del IVA.
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El pedido del organismo internacional está en línea con la intención del presidente Duhalde de anunciar en los próximos días su «Pacto de La Moncloa». La postura en realidad corre en paralelo a lo que solicitó Horst Köhler en su debut como titular del FMI cuando debió enfrentar la crisis en Turquía. En esa oportunidad pidió un acuerdo político previo, lo que le garantizó una mayor eficiencia a las reformas luego alcanzadas.
La necesidad de llegar a un consenso político previo fue puesta en la mesa de negociación en realidad primero por el ministro Remes Lenicov. De hecho, la postura del titular de Economía siempre partió de la frase «no puede figurar nada en el acuerdo que no podamos cumplir». El inconveniente es que el debate puede llegar a ser interminable y demorar la posibilidad de un anuncio antes de fines de abril.
Estrictamente no se trata de una exigencia del Fondo Monetario, ya que como siempre los técnicos se encargan de recalcar «negociamos con países y en cada uno de ellos, con el Ministerio de Economía y el Banco Central». Pero la aparición del compromiso político de respetar las metas trazadas fue «recomendada» por varios países del G-7, especialmente ante la falta de credibilidad que generan las promesas del actual gobierno, mérito en parte propio y en parte de los incumplimientos de la Argentina con organismos inter-nacionales en los últimos dos años.
La causa real para incorporar a gobernadores al compromiso ante el Fondo Monetario pasa por la necesidad de un ajuste provincial, base para el nuevo acuerdo. Como el Ministerio de Economía no tiene prácticamente poder para obligar al recorte de gastos en las provincias -en ese sentido ya fracasó Machinea y antes Roque Fernández-es que se comenzó a incorporar a la mesa de negociaciones a los mandatarios provinciales. De todas maneras, tal como sucediera cuando el FMI pedía en la última etapa de la administración Menem una reforma en Educación, los técnicos evitarán sentarse a discutir punto por punto el ajuste; simplemente trazarán un marco general.
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