El camino de Guzmán: definición de la posición ante el FMI

Economía

Si las charlas (por ahora prudentes, continuas y semisecretas), entre el Ejecutivo y la mayoría oficial legislativa avanzan; en días se confirmará que el ministro de Economía tiene el aval de toda la cúpula gobernante para encarar la etapa final de un acuerdo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva.

La coalición gobernante está por tomar una decisión de Estado. El Ejecutivo y el ala política legislativa (Senado y Diputados) están cerca de cerrar posiciones y aceptar las líneas generales de la negociación que Martín Guzmán está encarando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si las charlas (por ahora prudentes, continuas y semisecretas), entre el Ejecutivo y la mayoría oficial legislativa avanzan; en días se confirmará que el ministro de Economía tiene el aval de toda la cúpula gobernante para encarar la etapa final de un acuerdo con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Y en los términos generales que Guzmán ya tiene hablado con el Fondo. Esto es, un Facilidades Extendidas a 10 años, con un plazo para comenzar a pagar los u$s44.700 millones que se deben al organismo en 4,5 años después de haber firmado el acuerdo, con un plan de metas fiscales y monetarias que lleven a un equilibrio sustentable en un mediano plazo (no menos de tres años) y la aceptación de misiones del FMI anualizadas.

Como contrapartida, el ministro negociará la cláusula adelantada por este diario, por la cual si se modificara el estatuto del Fondo sobre los límites temporales de los acuerdos de Facilidades Extendidas a más de 10 años; automáticamente Argentina debería ser incluida en la mejora. Guzmán además deberá garantizar que el FMI aplica una reducción en las tasas de interés y que es cierta la posibilidad de reducir los sobrecargos. También se tendrá que incluir en el acuerdo la alternativa de aplicar una refinanciación de los pagos anuales, en el caso que Argentina cumpla en los ejercicios previos las metas económicas y financieras pactadas con el Fondo. Finalmente, el “ala política legislativa” aceptará como una consecuencia inevitable la llegada a Buenos Aires de misiones anuales del FMI; pero con condiciones más políticas que económicas. Una alta fuente del oficialismo legislativo lo describió de este manera: “que el FMI muestre en su visita al país la misma buena fe que nos pide a nosotros. No queremos un show de desprestigio en las fiscalizaciones de Buenos Aires”.

Un tema importante que el ministro debió aceptar, es que el capítulo tarifas está ya cerrado; y no habrá más aumentos en el costo de los servicios públicos para las familias y empresas más allá del 9% para la electricidad aplicado en mayo y el 6% para el gas que se anunciará en días. Cualquier debate sobre las tarifas pasará al segundo semestre, se basará en el rebalanceo y será fiscalizado por parte del Legislativo. Esto ocurrirá cuando el ministerio de Economía envíe al Legislativo el diseño del Presupuesto correspondiente al 2022. Serán Diputados y el Senado los que terminen de debatir la estructura tarifaria del próximo año, y su aplicación sobre lo eventualmente firmado con el FMI.

La llave que destrabó las negociaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo oficialista, es la inclusión de una cláusula inédita en la historia reciente del FMI: la inclusión de un capítulo especial que mencione específicamente que si en el futuro se modifica la Carta Orgánica del Fondo y se habilita la alternativa de acuerdos a más de 10 años; el Facilidades Extendidas que se firme con Argentina pueda ser revisado e incluya los nuevos plazos. Si, por ejemplo, se cerrara este año el acuerdo y se firmara durante 2021 un pacto a 10 años, y en el caso que el estatuto del FMI cambiaria en el período vigente del acuerdo (hasta 2031), el organismo debería permitirle al país la extensión de los plazos. Según coinciden tanto los negociadores con los que trata el país, encabezados por la norteamericana Julie Kozac, como el ministerio de Economía argentino; esta “cláusula” no violentaría el estatuto del FMI y habilitaría al país para recibir cualquier mejora futura en las condiciones vigentes. Dicho de otra manera, el acuerdo con el Fondo nunca tendría condiciones peores, y estaría abierto a mejorarlo si en el futuro hay cambios en los tipos de planes de pago que le convengan al país.

Se acepta ya dentro del Gobierno, que la posibilidad de modificar los tiempos de los acuerdos a 10 años, ameritan cambios políticos internacionales, donde se debería contar con el apoyo absoluto de la mayoría del 85% del board del FMI, incluyendo los votos positivos de Estados Unidos y Europa. El ministro lo expuso claramente ante Alberto Fernández luego de su gira de comienzos de mayo por Europa: no hay ninguna posibilidad de lograr que el FMI le acepte al país plazos mayores a 10 años, posición que luego recibió el Presidente como definición en el encuentro directo que mantuvo el jefe de Estado con Kristalina Georgieva en Roma.

El ministro y el staff negociador del Fondo están discutiendo además, que en el acuerdo se incluya también la alternativa de que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro, podrán no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se acuerden para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada.

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