Bienes públicos: ajuste en el Estado, sustentabilidad y desarrollo

Cuando se analiza la política económica tanto especialistas como la propia ciudadanía focalizan en la coyuntura, particularmente el nivel de actividad, inflación, empleo, salario real entre otras variables que impactan en el bolsillo popular.

La motosierra de Milei y el impacto en el desarrollo económico del país.

Ámbito

Fuera del impacto negativo en la mayoría de las variables críticas de las políticas impulsadas por el Gobierno, es muy importante ver como las mismas inciden en la economía y en la sociedad en el mediano plazo.

En particular una consecuencia grave de la política de Javier Milei es la degradación de los bienes públicos incluyendo, salud, educación, ciencia y tecnología, infraestructura, claves para el crecimiento y el nivel futuro de los próximos años.

Esta semana se cumplieron 50 años del Rodrigazo, que allanó el camino a políticas que se iniciaron en marzo de 1976 y que por décadas profundizaron un creciente deterioro del Estado y de los bienes públicos, lo que afectó el desarrollo del país y aumentó crecientemente la pobreza y la desigualdad.

Desde una versión convencional, recogida por el FMI, el crecimiento económico y el desarrollo humano, dependen de manera esencial de la acumulación de capital físico y humano.

El FMI dio luz verde al Gobierno para entregar más fondos este año.

Voy a ir intercalando la visión del propio FMI sobre la importancia de la inversión en bienes y servicios públicos. Una visión del FMI que muchas veces no se cumple por responsabilidad compartida del organismo y los países que aplican tales políticas. Ese divorcio entre postulados y políticas que incumple normas del propio Fondo y habilita una discusión futura.

Según el documento 55-S del FMI “Ajuste fiscal para la estabilidad y el crecimiento” elaborado por diversos autores de 2006, “si bien la consolidación fiscal puede reducir la prima de riesgo sobre las tasas de interés, favoreciendo el crecimiento de la inversión privada y elevando el valor de los activos, lo cual estimula el consumo privado y alivia las limitaciones de oferta, el Estado debe proveer que el gasto público debe dirigirse a los aspectos de mayor rentabilidad social complementando al sector privado, sin excluirse mutuamente”.

El FMI reconoce que las políticas del Organismo, que es parte del sistema de Naciones Unidas con normas de aplicación legal universal se deben satisfacer los objetivos del Milenio, incluyendo la reducción de la pobreza, analfabetismo, el descenso de la mortalidad infantil y evitar la degradación del medio ambiente. No es solo una cuestión moral, se trata de racionalidad económica generando las bases para un crecimiento sostenido.

En palabras del propio FMI: "La cantidad y calidad de estos servicios (públicos) es clave no solo para lograr un mayor crecimiento, sino también para el desarrollo humano. Las metas paralelas del crecimiento y el desarrollo humano están relacionadas entre sí, ya que el capital humano puede constituir un poderoso motor para el desarrollo económico

Para el Fondo, el costo de reducir la inversión pública implica resignar crecimiento y desarrollo. Esto supone financiar o suministrar directamente bienes públicos necesarios “que el sector privado no oferta adecuadamente debido a “fallas o deficiencias del mercado”. Lo cierto es que ciertas categorías de gasto publico pueden influir en el crecimiento a largo plazo —sobre todo el gasto en educación, sanidad e infraestructura. Un mayor crecimiento, que a su vez, genera más recursos fiscales para financiar gasto productivo”.

Queda claro que un país como la Argentina no puede tener déficit fiscal permanente porque carece de una moneda fuerte que le permita financiar desequilibrios y tiene alto nivel de endeudamiento para fondearlo con deuda.

Lo que se discute es la forma en que se realiza el ajuste tanto la cantidad y calidad del gasto que se reduce, en quien recae el ajuste y para ello debe discutirse la política de ingresos y gastos.

En lugar de hacerse una racionalización de gasto improductivo y de cobrar impuestos a quienes tienen capacidad elevada riqueza e ingresos y por ende capacidad contributiva. El Gobierno aplica una motosierra que recorta brutalmente el gasto en salud, educación, infraestructura e investigación científica y tecnológica. Política consistente con lo que señaló el Presidente ser el “topo” que destruye el Estado desde adentro. El Gobierno no plantea eliminar gasto improductivo e injusto y racionalizar el Estado para mejorar la calidad de las prestaciones públicas sino su eliminación lo que implica comprometer el crecimiento futuro del país y consolidar una matriz distributiva muy inequitativa. Con el FMI de cómplice.

Veamos en forma sintética algunos ejemplos paradigmáticos de desinversión en salud, educación, ciencia e infraestructura.

Desguace del Hospital Garrahan. Un hospital de excelencia que trata desde hace décadas casos de alta complejidad al que asfixian presupuestariamente.

En 2022 los salarios de médicos, paramédicos y personal de la salud superaban en un 30% al de otros hospitales de CABA. En 2025 dichos sueldos están un 15% por debajo del personal del sistema hospitalario de la Ciudad. El Hospital está perdiendo médicos de planta y residentes, comprometiendo la salud pública en el corto y mediano plazo.

Esto es consistente con la reducción del presupuesto en salud en los diversos hospitales y centros de salud, en las prestaciones del PAMI y en la educación en todos sus niveles en particular el desfinanciamiento a las Universidades donde el presupuesto apenas alcanza para el pago de salarios que caen en términos reales.

Destrucción del CONICET

El Gobierno está considerando una reforma que propone la Fundación Libertad y Progreso que propone modificar la ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y la ley que establece el estatuto del Conicet a efectos de eliminar la carrera de investigadores, traspasar actividades al sector privado, reducir la investigación en ciencias duras y focalizar solo en ciencia aplicada que demande el sector privado priorizando proyectos que no tengan apoyo no estatal.

En el mundo se invierte en ciencia que en algunos casos se aplica años después. Claramente el sector privado no financia investigaciones que requieren años y de resultado incierto. Solo el Estado a nivel mundial financia investigaciones científicas que implican mejoras en la salud y en la calidad de vida.

La destrucción del sistema de investigación y la reducción del presupuesto del INTI, INTA, ARSAT e Invap un ejemplo de empresa estatal eficiente que desarrolla satélites, radares, reactores nucleares y medicina nuclear ganó licitaciones internacionales, se contrapone con políticas de crecimiento y las buenas políticas que el propio Fondo debe legalmente sustentar.

Parate de la obra pública

Ningún país del mundo ha suprimido el gasto en obra pública esencial para que haya inversiones privadas y una mejora en la calidad de vida de los argentinos.

El gasto en obra pública cayó un 52,1% en lo que va de 2025 en relación a igual período de 2024. Según la Cámara Argentina de la Construcción se requieren US$ 100 millones para compensar el deterioro de la desinversión en las rutas en los últimos 18 meses.

También la motosierra afecta a las inversiones en energía. La inversión en gasoductos efectuada hasta 2023, permitieron lograr un superávit energético luego de más de 20 años que atenúa un peligroso déficit externo que el país financia con endeudamiento.

Para el propio FMI “El gasto público debe ser juzgado por sus efectos sobre el crecimiento y la inversión, así como sobre la pobreza y la equidad. Al margen de las funciones básicas del gobierno, el principal argumento a favor de la intervención del sector público es la presencia de fallos de mercado (por ejemplo, externalidades positivas, bienes públicos y mercados financieros imperfectos). El gasto público también desempeña una función redistributiva, especialmente cuando se orienta a los pobres”. No se observa objeción del FMI a políticas que contravienen sus propios postulados.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, en 2024 la inversión en energía cayó un 49,9%, en transporte el 82,7% en agua y cloacas un 82,5% y en vivienda 81,6%. La inversión pública se redujo de 1,3% en 2023 a solo 0,4% del PBI en 2024 (con un Producto más bajo).

En 2025 el Gasto de Capital cayó 28,5% interanual y solo se ejecutó el 16,4% del gasto presupuestado. Como contrapartida si aumenta el gasto público en partidas para la SIDE o a intereses de la deuda.

Pero no veamos solo lo que pasa en el gasto. Veamos qué pasa con los ingresos públicos. La Argentina no tiene un nivel de recaudación total excesivo. Según cifras de 2022 el país recauda un 29,6% de su PBI, como Bulgaria, Israel y Jamaica. Un nivel inferior al de Brasil un 33,3% o de España (36%) y también de Francia, Italia y Alemania que recaudan entre el 40 y el 45% del PBI.

El problema es que el país tiene una carga tributaria mal distribuida con exenciones injustas (renta financiera, jueces, por ejemplo) que conviven con impuestos distorsivos y un sistema impositivo regresivo. Hace falta una reforma tributaria integral para financiar al Estado en forma eficiente y justa y reducir la carga impositiva sobre sectores formales con alta carga tributaria que incide en PYMES y sectores medios. No es un problema de falta de recursos. Es un problema de una mala asignación del gasto y de una política tributaria ineficiente e injusta.

El Gobierno trata de lograr un resultado fiscal de caja en el corto plazo a cualquier costo. Ello implica, privatizar, suprimir y desarticular organismos, políticas, funciones, infraestructura, investigación por un mero resultado contable de corto plazo.

En los años 90, el FMI avaló estas políticas, que incluyeron contabilidad creativa e incluso el cómputo de ingresos por venta de activos, como la venta de YPF a precios mínimos, para mejorar el resultado fiscal de corto plazo, a efectos de cumplir con las metas trimestrales del programa con el Organismo. Políticas sin ningún criterio de inversión en energía e infraestructura.

Sabemos que pasó en 2001. Justo ese año y por el grosero fracaso con Argentina el FMI revisó las directrices incluidas en su manual de finanzas públicas de 1985 e hizo una autocrítica de ajustes meramente contables que comprometan la sustentabilidad del país.

Ello implicaba computar como resultado fiscal el equilibrio de caja y no el devengado, y considerando solo los flujos y no los “stocks”, sin computar la pérdida de ingresos futuros ni la pérdida de patrimonio, además de avalar la generación de deuda flotante.

Ninguna familia o empresa actúa racionalmente si festeja un buen resultado de caja si es expensas del valor de su patrimonio.

Una mirada cortoplacista que se repite en el presente. El FMI esta avalando una estrategia de crecimiento de la deuda. Como el Gobierno coloca bonos públicos que capitalizan intereses, ello mejora contablemente el resultado financiero, pero al costo de un mayor endeudamiento. Una versión miope que implica un mayor riesgo país.

La política del Gobierno avalada por el FMI es claramente cortoplacista, conspira contra el crecimiento de largo plazo, genera más inequidad y por ende pone en riesgo aún para la propia visión conceptual del FMI la sustentabilidad de la deuda.

El FMI reconoce que el “ajuste” es más duradero y sustentable cuando a) se protege el gasto de capital y que b) la sustentabilidad depende de que haya consenso y no por imposición de una parcialidad. Ambos requisitos están ausentes en el presente programa.

Para el Fondo, “la responsabilidad fiscal requiere de un consenso político amplio y precisa de un amplio respaldo para que pueda aplicarse con éxito. Estas condiciones pueden no satisfacerse en países que se enfrentan a grandes desequilibrios macroeconómicos o a una gran inestabilidad política”.

El FMI avala esta estrategia no sustentable otorgando un mayor endeudamiento. Como el FMI es un “acreedor privilegiado” parece no preocuparse por las consecuencias de avalar prácticas nocivas para la sustentabilidad del país. El incumplimiento de buenas prácticas por parte del FMI, incluyendo el apartamiento de sus Estatutos y normas, habilita la discusión para una renegociación de la deuda futura, incluyendo el diferencial de los créditos de “acceso excepcional” con el FMI por encima de los topes de endeudamiento ordinario. Hablamos de créditos políticos sin sustento técnico (como ocurrió en el pasado con autocrítica tardía) que ameritarán una solución política cuando arrastren al país a un callejón sin salida.

Como analizamos en este artículo el programa económico profundiza los desequilibrios macro y eso siempre genera inestabilidad política. Una responsabilidad del Gobierno y del FMI que por tercera vez en 25 años (Años 90 y 2018-2019) avala políticas insostenibles, sin amplio consenso, que tienen y tendrán un alto costo económico y social en el futuro y que por ende la propia realidad obligará a que sean modificadas inexorablemente en el futuro.