Gobierno empieza a discutir contratos con privatizadas

El gobierno abrió ayer formalmente el proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos a través del decreto 293 firmado por el presidente Eduardo Duhalde, que se publicaría hoy en el Boletín Oficial.

La norma era reclamada por las compañías privatizadas, porque se sabía que es el paso previo para empezar las tratativas. De todas formas, éstas no serían inmediatas, porque quedan sujetas a la formación de una comisión, la que deberá integrarse en un plazo de 30 días.

Pero además se fija un período de 120 días para que la propuesta de renegociación sea elevada al Poder Ejecutivo, lo que permite prever que por lo menos hasta fin de año, no habrá respuesta para las empresas, dato que sin duda provocará malestar en las prestadoras de servicios públicos y puede repercutir en el nivel de inversiones de este año.

La renegociación de los contratos quedó planteada al dictarse la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario que desdolarizó las tarifas de servicios públicos y las pesificó a una relación 1 a 1 con el dólar, a la vez que prohibió la indexación por índices de precios de otros países o cualquier otro mecanismo indexatorio.

• Centralización

El decreto centraliza la renegociación en el Ministerio de Economía y fija un plazo de 120 días para que las propuestas de renegociación sean elevadas al Poder Ejecutivo. Asimismo, establece que el Palacio de Hacienda convocará a las empresas prestatarias y también a las asociaciones de usuarios y consumidores y a los entes reguladores, para contar con su información y opinión.

El decreto crea además la «comisión de renegociación de contratos de obras y servicios públicos» para asesorar al Ministerio de Economía. La comisión estará presidida por el titular de esa cartera e «integrada por personas con sobrados antecedentes e idoneidad en la materia objeto de su misión», sin que se aclare bajo qué mecanismo el Poder Ejecutivo -que queda a cargo de las designaciones- se hará la selección y si habrá especialistas según el servicio de que se trate.

En la comisión también intervendrá un representante de las asociaciones de usuarios y consumidores, que también será designado por el Poder Ejecutivo, según el texto del decreto. La comisión deberá estar conformada en el plazo de 30 días.

La renegociación a encarar por la comisión asesora y por el Ministerio de Economía abarca a todos los servicios públicos privatizados, con problemáticas muy diferentes y específicas. Además, durante el proceso también deben intervenir la Comisión Bicameral de Seguimiento de la ley de emergencia pública y la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, creada por la Ley de Reforma del Estado, dictada en el primer año de gestión de Carlos Menem.

Las empresas de servicios públicos contempladas en el decreto son las que tienen jurisdicción nacional, quedando al margen aquellas que dependen de las provincias.

• Secretarías vacantes

La diversidad de temas a tratar parece exceder las posibilidades de una comisión, sobre todo no habiendo sido designados aún titulares de secretarías clave como las de Energía y Comunicaciones.

Según el decreto, «es conveniente centralizar el proceso de renegociación de los contratos a fin de adecuar la aplicación de criterios homogéneos por parte del Estado nacional», como si se tratara de una salida que puede uniformarse para todo tipo de servicio sólo en base a parámetros económicos y jurídicos.

• Guía

La norma establece como guía de renegociación lo fijado por la ley de emergencia pública en cuanto a considerar el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de ingresos, la calidad de los servicios y los planes de inversión, el interés de los usuarios, la accesibilidad de los servicios, la seguridad de los mismos y la rentabilidad de las empresas.

El decreto agrega que además «deberán contemplarse en particular las inversiones efectivamente realizadas, así como las demás obligaciones comprometidas contractualmente», como si se imaginara un escenario de penalización en caso de incumplimiento a través de las nuevas tarifas a fijar.

La norma también establece que el Ministerio de Economía deberá contemplar en el cuadro energético «la situación en la que se encuentra la comercialización de combustibles líquidos, entre los que se incluye el gas licuado y el gas natural comprimido». Este párrafo puede interpretarse como la necesidad de considerar los precios de los combustibles que están desregulados y que influyen en el precio de la electricidad y son referencia para el gas. Pero también podría entenderse como la intención de ejercer algún tipo de control sobre los precios de los derivados del petróleo.