La puesta en marcha del «corralito» por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, en un intento desesperado por mantener la convertibilidad, cumple dos años, y siguen sin resolución sus efectos principales. Aún en la Justicia hay 180.000 amparos de ahorristas por 14.000 millones de pesos contra el Estado y los bancos. El sistema financiero aún no se recompuso: sigue el equipo económico demorando el saneamiento de bancos y de su patrimonio neto, hoy en negativo. Se sumaron, además, amparos de «segunda generación». Fue el de Cavallo el inicio de una serie de medidas que lo único que lograron fue hacer más profunda la crisis.
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Paradójicamente fue diez semanas después de haberse aprobado en el Congreso la Ley de Intangibilidad de los depósitos bancarios, que en definitiva terminó siendo una muestra más de que la confianza del público y empresas no se obtiene por proyectos de ley o decretos (como hoy se sigue insistiendo).
Los efectos de la medida aún están vigentes: hay 180 mil ahorristas cuyos depósitos fueron confiscados (luego pesificados) que todavía aguardan una definición de los amparos presentados a la Justicia. La demanda es contra los bancos, pero también contra el Estado. Son litigios por $ 14 mil millones y aunque muchos han sido resueltos por las negociaciones entre los bancos, todavía queda que la Corte Suprema resuelva la cataratas de amparos que existen en los juzgados de primera instancia o en las cámaras. La cuestión pareció tomar rumbo cuando la Corte falló en el caso San Luis a favor de la redolarización de los depósitos y declaró inconstitucional los decretos de pesificación. Sin embargo, luego se terminó por demorar una sentencia que tuviera como referencia clara a los ahorristas particulares.
Por la crisis política, la debilidad estructural en la que había caído la administración de Fernando de la Rúa y la profundización de la recesión, tanto empresas como individuos se habían avalanzado sobre las ventanillas de las entidades para efectuar masivos retiros de fondos. Por esos días la tasa de «call» (préstamos interbancarios) había trepado a un imposible 300 por ciento anual, contra 7 por ciento que cotizaba algunos meses atrás.
Era evidente entonces que el plan de déficit cero lanzado por Cavallo en julio era un fracaso. En un fugaz viaje a Washington del equipo económico, el directorio del FMI rechazó una nueva ayuda. Incluso, por haber dado a Cavallo esos u$s 8.000 millones, la cúpula del Departamento del Hemisferio Occidental con Claudio Loser a la cabeza fue removida.
Eran tiempos en que De la Rúa perdía poder cada día. Tras las elecciones legislativas de octubre de 2001, un justicialista, Ramón Puerta, asumía como titular del Senado, y pasaba a ser el primer hombre en la sucesión presidencial. ante la renuncia del vicepresidente Carlos Chacho Alvarez. Puerta sería el primer presidente provisorio de una lista que completarían Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde.
¿Qué intentó Cavallo? Básicamente preservar el poco dinero que quedaba en los bancos dentro del sistema, limitando los retiros en efectivo a $ 250 (o dólares, en ese entonces) semanales por cuenta. El viernes previo a la vigencia del «corralito», cuando la tapa de
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