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A la próxima administración le deja una herencia de plomo: arreglar los patrimonios confiscados, a los depositantes, acordar el servicio de la deuda pública, recomponer las tarifas congeladas, compensar a los bancos, y a los otros damnificados por su principal instrumento de política: la expropiación de patrimonios y la postergación unilateral de pagos y ajustes. Una suma que podría orillar los 300.000 millones de dólares. A ello se le agrega el restablecimiento de una moneda y sistema financiero, que constituirá una tarea ciclópea, de la que el mundo entero sacará enseñanzas.
Consecuencia de esos desastres es la contracción de los gastos de las familias argentinas, de cerca de 25%, la licuación de riqueza nacional, de más de 70%, y la pérdida de cientos de miles de empleos. Parafraseando a Churchill, «nunca tantos sufrieron tanto a manos de tan pocos en tan corto tiempo». El conflicto social se agudiza día a día, con hambre, muertes y delitos crecientes.
Este doloroso final lo vengo presagiando desde la eclosión de la campaña de «cambiar el modelo», orquestada por una pléyade de opinantes. El hacer caso omiso de la advertencia de Herman Kahn, fundador del Hudson Institute de los EE.UU., de que «la Argentina tira por la borda todo lo conseguido, en forma periódica». Este sino trágico, que impide cualquier avance duradero, lo he estado divulgando desde 1980, en
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