Las últimas horas antes de la entrada en vigencia de la ley que impedirá los secuestros de fondos para dar cumplimiento a amparos judiciales fueron utilizadas por los oficiales de Justicia para intentar llevar a cabo la mayor cantidad de incautaciones posibles, con resultados casi siempre negativos.
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Es que los bancos, amparados en la disposición del Banco Central que los obliga a mantener cerradas sus sucursales mientras dure el feriado bancario, impidieron en su gran mayoría el acceso de los funcionarios, casi siempre acompañados por la fuerza pública.
Justamente esta necesidad de mantener cerradas sus agencias hizo que los bancos y la ANSeS volvieran a utilizar sitios insólitos para pagarles a los jubilados, a quienes ayer se agregaron los beneficiarios de planes sociales. Esto continuará en la jornada de hoy, en la que se repetirá la imagen de ancianos cobrando sus haberes en estadios de fútbol, clubes, gimnasios, comercios barriales y hasta en una calesita, tal como sucedió ayer.
La pretensión de efectivizar la medida cautelar por parte de algunos depositantes -en su gran mayoría por montos muy importantes-llevó a algún oficial de Justicia a apelar al uso de sopleteros, como sucedió en la casa central del Bansud.
El hecho más violento, sin embargo, se produjo en la casa matriz del Banco Credicoop; allí, por segundo día consecutivo, un empresario cuyo apellido sería Taragán concurrió acompañado por un funcionario judicial y la Policía Federal reclamando la devolución en dólares billete de una suma que rondaría los u$s 650.000.
Como había sucedido la tarde anterior, el personal del banco se interpuso entre el oficial de Justicia y la entrada; la diferencia estribó en que ayer el funcionario aseguró que, de no franquearse el ingreso, apelarían al uso de la fuerza pública para desalojar a los bancarios. Los empleados se replegaron al interior del local, pero -luego de cantar el himno-siguieron bloqueando la puerta. Anoche, a última hora, continuaban las negociaciones en la Comisaría 1ª de la Federal, entre representantes del banco, el juzgado y la fuerza.
El caso del Bansud fue similar: los empleados evitaron la acción de cerrajeros armados con sopletes, dispuestos a intentar violentar el tesoro de la casa matriz, a pocas cuadras de la del Credicoop. Pero en esta instancia el monto (u$s 80.000) era mucho menor, y la ahorrista, una anciana de 80 años, quien por su edad no quedaría alcanzada por la «ley tapón».
También el Galicia, el BBVA Francés, el Río, el Nación y otras entidades fueron «visitadas» por los oficiales de Justicia; según fuentes de esos bancos, en ningún caso se entregó dinero.
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