Un juez federal de Nueva York ordenó congelar fondos por u$s 553 millones que las AFJP argentinas tienen en Estados Unidos. El magistrado hizo lugar a un pedido formulado por tenedores de bonos que no entraron al canje de deuda ofrecido por el gobierno argentino en 2005, cuyos abogados explicaron que existe una semiprueba de que el gobierno utilizará esos fondos para financiamiento propio y por lo tanto son embargables. Sin embargo, el titular de la Superintendencia de AFJP, Sergio Chodos, aseguró ayer que esos activos «son de las administradoras de pensión y se encuentran afectados exclusivamente al pago futuro de jubilaciones».
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La resolución fue adoptada por el juez federal Thomas Griesa, quien de esta manera bloqueó la acción para transferir desde Estados Unidos dinero de las administradoras, como anteriormente había hecho con fondos que el Banco Central tenía en ese país por u$s 105 millones y que están congelados desde hace más de un año.
Esta decisión judicial representa un nuevo escollo al proceso de reestatización de las jubilaciones. Una vez que la ANSeS se haga cargo de los activos de las AFJP será virtualmente imposible levantar el congelamiento de los fondos.
Juicios
De los u$s 20.000 millones en bonos que no entraron al canje, u$s 5.500 se rigen según la legislación de Nueva York, y algunos de sus tenedoresiniciaron juicios individuales que ya obtuvieron sentencia.
Aunque es una demanda de los denominados fondos buitre, no trascendió de cuál se trata. Sí, que la resolución de Griesa estuvo motivada en una demanda iniciada por el grupo de abogados Aurelius Capital Partners LP, Aurelius Capital Maste Ltd. y Blue Angel Capital.
En la presentación judicial conocida ayer, los representantes de los bonistas pidieron el bloqueo de fondos, ya que, según argumentaron, el traspaso de las jubilaciones privadas al Estado derivaría en la «intangibilidad» de esos recursos. «Los activos están protegidos por la ley federal de inmunidad de soberanos extranjeros, pero como se considera que la Argentina los utilizará para financiamiento propio, diferente del pago de jubilaciones, se transforman en activos comerciales y por lo tanto son embargables», explicó el abogado Pablo Giancaterino.
El magistrado dispuso también una nueva audiencia para el 6 de noviembre, donde resolverá si extiende el congelamiento de los fondos, tal como pidieron los abogados de los bonistas.
Conocida la decisión de Griesa, en Buenos Aires funcionarios del gobierno se reunieron con los representantes de las AFJP para aclarar posiciones.
Chodos aclaró que «los activos embargados no son del Estado nacional, sino que son de las AFJP. Las administradoras son las que están a cargo de esos intereses y son las que deben defender esos activos».
También explicó que el destino de esos fondos, que rondan entre los u$s 500 y u$s 800 millones «son exclusiva y excluyentemente para prestaciones previsionales, y no deben ser utilizados para otros fines ni acá ni en ningún otro lugar».
Desde la ANSeS recomendaron a las AFJP «salir a defender los aportes de los trabajadores porque son fondos que pertenecen a los trabajadores y puede haber consecuencias penales para las administradoras». Aunque el gobierno ayudará en cualquier consulta, los funcionarios con quienes tomaron contactolos representantes de las AFJP les advirtieron que deberán llevar a Nueva York sus propios abogados, ya que los que representan a la Argentina no estarán disponibles.
La medida genera conflictos en varios frentes. Aun si no prospera el embargo, los fondos pueden quedar congelados por varios meses y esto perjudica al gobierno en sus necesidades fiscales más inmediatas. A la vez, los fondos que ingresarían al país auxiliarían los planes oficiales de impedir que la cotización del dólar se dispare, con la posibilidad de inyectar una mayor cantidad de divisas en la plaza local.
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