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Pocos días antes del default, el FMI había negado un desembolso bajo un programa existente de ayuda financiera, en lo que se interpretó no sólo como el retiro de apoyo del organismo hacia el convulsionado Ecuador, sino también como la expresión de la voluntad de la comunidad oficial de que este país era financieramente insolvente y, por lo tanto, tenía que reestructurar seriamente su deuda con los acreedores privados, sobre la base de sacrificios privados de parte de éstos. Esta experiencia se repitió con la Argentina en diciembre de 2001.
Asimismo, en mayo de 2000 se acordó un nuevo programa con el FMI, cuyos fondos se desembolsarían en distintas cuotas. Pero, como condición para este acuerdo, el FMI requirió que Ecuador mantuviera encuentros más amplios y de buena fe con sus acreedores (algo que el Fondo le ha exigido a la Argentina, ya que el organismo tiene una política especial que se aplica a sus propios préstamos a países que están en default con los inversores privados). En este marco, el gobierno, entre otras cosas, organizó una reunión en Nueva York abierta a todos los acreedores, en la cual presentó públicamente su programa económico y los funcionarios del FMI describieron el acuerdo de facilidades financieras.
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