Lavagna, como Cavallo, fuerza a los bancos a que le presten

Una importante norma está por lanzar el Ministerio de Economía que inmediatamente hace recordar medidas adoptadas por Domingo Cavallo en 2001. Hoy, en la plaza financiera operan los fondos comunes de inversión denominados usualmente como «money market», que son los más conservadores e invierten básicamente en plazo fijo. Ahora se les prohibirían esas colocaciones. Por ende, para mantener el bajo riesgo de su inversión, sólo podrían comprar títulos públicos de corto plazo, como Letras del Central o del Tesoro. Hay $ 4.000 millones de ahorristas y empresas en este tipo de fondos comunes. Demorar un acuerdo con el Fondo y, para poder pagarle, recurrir a este mecanismo para asegurarse financiamiento está lejos de ser razonable.

El gobierno dará un paso importante para asegurarse financiamiento, a través de un cambio regulatorio en la industria de fondos comunes de inversión. Según lo que ya decidieron conjuntamente el Ministerio de Economía y el Banco Central, los fondos más conservadores que invierten a corto plazo (conocidos como «money market») ya no podrán invertir en plazos fijos.

Se trata de una importante masa de recursos que supera los $ 4.000 millones. Este cambio implicará una importante fuente de recursos nuevos para el Estado, porque irían dirigidos por descarte a las Lebac que emite el Banco Central. También podrían ir dirigidos a títulos de corto plazo que emita economía.

«No se trata de asegurar financiamiento para el Estado, sino de tener un esquema similar al vigente en Estados Unidos o la mayor parte de los países desarrollados, donde los fondos no invierten en plazos fijos, sino en títulos», aclararon desde el Palacio de Hacienda. En España, por ejemplo, los Fontesoros concentran buena parte de la industria de los «money market» a través de la compra de títulos emitidos por el Estado.

Las Lebac del Central o los títulos del gobierno no serían el único activo que podrían tener los fondos. También podrían incorporar bonos emitidos por el sector privado (empresas y bancos), bajo la figura de papeles comerciales («commercial papers»). Claro que se trata de un mercado multimillonario en Wall Street, pero casi inexistente hoy en la Argentina.

• Reacción

Esta incorporación de un nuevo inversor institucional local al financiamiento potencial del Estado se da en un momento en el que se posterga la posibilidad de acuerdo con el FMI. Por lo tanto, el gobierno dependerá cada vez más de la posibilidad de colocar títulos para financiarse, en particular en el mercado local.

El viernes hubo una reunión de banqueros con técnicos del Central y del palacio de Hacienda para analizar la modificación regulatoria. También está interviniendo la Comisión Nacional de Valores, que prepara la nueva reglamentación para los fondos comunes de dinero, que representan más del 70% del total que maneja la industria. En esa reunión quedó claro que el cambio en el portafolio de los fondos comunes será gradual y que recién impactará de lleno en 2006.

Ahora resta saber cómo reaccionarán los inversores que se vuelcan por este tipo de instrumento. En general son las empresas las principales compradoras de fondos de money market, ya que les asegura un interés similar al de un plazo fijo, pero la posibilidad de disponer del dinero en 24 horas.

En el mercado porteño se especulaba que muchas compañías podrían retirarse de esta inversión, ante la negativa a tener más exposición al sector público.

El último antecedente de lo que sucedió con los fondos de dinero invertidos en bonos no es el más alentador. En el 2001, al declararse el default, los fondos que obligatoriamente habían comprado Letes (Letras de Tesorería) tampoco pudieron devolver el dinero invertido al público y a las empresas, debiendo adherirse al canje de la deuda cerrado en junio pasado.

Ya el mes pasado se había decidido un cambio de regulación en el funcionamiento de los fondos comunes de « money market». Pero en esa ocasión la decisión pasó por la necesidad del Banco Central de cumplir con más holgura el programa monetario.

Puntualmente, se los obligó a los fondos a mantener 45% de liquidez que marca la ley directamente en cuentas del Banco Central en vez de hacerlo en plazo fijo, lo que automáticamente redujo en $ 1.700 millones la base monetaria.