El gobierno impuso ayer una retención de 20% a las exportaciones de gas natural. Es la primera vez que se establece este tributo para ese producto. La decisión tiene su lógica, pese a ser un impuesto distorsivo que el FMI pide eliminar. En medio de una crisis energética por falta de gas, al gobierno no le quedaron más opciones que desalentar la exportación vía retenciones. De hecho, no se entendía cómo no estaba alcanzado cuando el petróleo, la soja y otros bienes sí lo están. Se busca desde el gobierno mantener los precios al hacer menos rentables las exportaciones e incentivar la venta del gas en la Argentina. Con el nuevo impuesto, el Estado obtendrá ingresos adicionales por unos u$s 55 millones anuales, que deben sumarse a u$s 226 millones por subas también en retenciones a la exportación de petróleo y combustibles, aplicadas desde el 12 de este mes. La medida resultó sorpresiva, aunque el tema ya se había empezado a debatir en el gobierno cuando sobrevinieron la crisis energética y la necesidad de restringir envíos a Chile. Dos temas para considerar: el cambio reiterado en impuestos no es un dato que aliente a los inversores en la Argentina. También preocupa que el mayor ingreso derive siempre en más gasto público.
Se afirma que el argumento de las empresas fue que como el gas no es un commodity, no tiene precio internacional de referencia; por consiguiente, el impuesto se iba a trasladar al precio.
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