• En Diputados se trata esta semana el proyecto que da amplios premios impositivos a empresas que inviertan. • La condición: hacerlo con la estatal ENARSA en las áreas de riesgo. El costo fiscal rondaría $ 1.000 millones. • Busca atacar otro frente de posible crisis energética: la brusca caída en las reservas de crudo y gas del país. • Empresas ya habían advertido que esperaban la sanción de esta ley para avanzar en exploración de nuevos pozos. • Es un gesto de acercamiento, a una semana del viaje de Kirchner a España en el que se reunirá con empresarios. • Lo complicado: la situación fiscal hoy del gobierno no es tan holgada tras fuerte 30% de aumento del gasto público.
El gobierno quiere apurar desde esta semana el tratamiento en el Congreso del proyecto más importante que tiene en espera para este año: el régimen de incentivos a la prospección y exploración petrolera a través de un sistema de promoción de inversiones en bienes de capital, un esquema que el gobierno ya utilizó en otras áreas.
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El tema, más allá de mover incentivos fiscales por más de $ 1.000 millones -un cálculo difícil de realizar hasta que el Estado no cierre los contratos con todas las empresas que se beneficiarán a futuro del régimen-, sin contar los aportes de las empresas que estarán involucradas en esa tarea, todas asociadas con ENARSA, es vital para el Poder Ejecutivo en momentos en que el mundo vive una crisis energética por el precio del petróleo y la Argentina necesita imperiosamente abrir nuevas áreas de explotación ante la fuerte caída en sus reservas de crudo y gas, un proceso que se aceleró desde 2002 por la falta de inversión.
Después de dormir el proyecto, inexplicablemente, por un año en el Congreso, ahora la crisis energética y el precio del petróleo hicieron que el sistema de incentivos volviera de nuevo a la luz.
La ley está así pensada para incentivar a todas las empresas que llevaran adelante proyectos de exploración para abrir nuevas áreas de Producción de hidrocarburos, asociadas con ENARSA, propietaria de todos los campos marítimos no concesionados.
A pesar de no contar aún con los beneficios de la ley, ENARSA firmó en enero de este año un convenio con Repsol, Petrobrasy Petrouruguay para la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, específicamente en dos áreas de la Cuenca Colorado Marina, 200 kilómetros mar adentro frente a la costa de Buenos Aires.
En ese caso, el ministro Julio De Vido informó que la inversión de las empresas sería de u$s 15 millones «a exclusivo riesgo de las petroleras privadas» y luego ENARSA aportaría lo suyo en caso de éxito. Ese acuerdo es el ejemplo de cómo serán los convenios que firmará el Estado de ahora en más al amparo de los beneficios fiscales que otorga la ley.
El proyecto fue ingresado en el Congreso hace casi un año, pero curiosamente después de un inicio acelerado quedó congelado en la Comisión de Energía de Diputados. En ese momento De Vido llegó a decir que la votación era «una razón de Estado, vamos a apurar su tratamiento en los términos razonables en los que el Ejecutivo pueda intervenir», dijo.
Pero después todo quedó bajo un manto de olvido. Luis Corsiglia, ex director de ENARSA antes de pasar al Banco Central, fue uno de los últimos integrantes de la empresa estatal que insistió a legisladores con la necesidad de sancionar la ley. Pero tampoco hubo avances.
Pero hace pocos días el propio gobierno y representantes de las petroleras que operan en el país insistieron con la necesidad de sancionar la ley y reconocieron que muchas no anunciarán inversiones en prospección y exploración en áreas de alto riesgo hasta que no se aseguren los incentivos para hacerlo.
La idea del gobierno es avanzar sobre explotaciones «offshore», la zona menos explorada del país en materia petrolera. Los datos disponibles revelan que la producción actual de hidrocarburos proviene de sólo cinco de las más de veinte cuencas sedimentarias existentes.
Declinación
El propio gobierno reconoce en el proyecto que la « producción de petróleo crudo ha declinado desde un máximo de casi cincuenta millones de metros cúbicos producidos en 1998, hasta los cuarenta millones de metros cúbicos extraídos durante 2004» y que «la relación reservas/producción se ha mantenido en torno a los nueve años».
Como incentivos, las empresas que participen podrán computar:
Todos los beneficios de la Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura que se sancionaron para la construcción del gasoducto del noroeste en materia de Impuesto al Valor Agregado y Ganancias.
La exención del Impuestoa la Ganancia Mínima Presunta.
Los beneficios de la Ley de Inversiones Mineras en cuanto a que las empresas estarán exentas de los derechos a la importación sobre los bienes que utilicen en la exploración.
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