Miceli infeliz: se investiga a sí misma por un pago dudoso

Economía

Este diario advirtió: cierto mal olor se reconocía en un proyecto del Poder Ejecutivo que reclamaba, vía Parlamento, autorización para emitir un bono de 1.300 millones de pesos para saldar una deuda cuestionable con el grupo Greco, de apogeo y caída en tiempos de los militares. Tomaron nota los radicales, reclamaron una investigación desde Diputados y, de repente, el oficialismo se echó atrás con la iniciativa: directamente, la retiró. Y, para desembarazarse de obvias imputaciones, ahora hasta plantea -con firma de la ministra Felisa Miceli- una pesquisa para determinar quién instruyó la realización de ese pago. Tan sintomático resulta este proceso que, como se sabe, el proyecto original había sido firmado (entre otros) por la propia ministra. Ahora hablan en el Boletín Oficial de «pago indebido», de una irregularidad que como suele ocurrir para las fiestas, en el Congreso a veces han pasado con prisa y sin escándalo. En esta ocasión, la gestión oficial se frustró y no habrá festejo dinerario. Tampoco se supone que al final de la historia aparecerán responsables por esta maniobra.

El gobierno aceptó ayer públicamente el escándalo generado al apurar el pago de una dudosa deuda de $ 598 millones con el ex Grupo Greco, con nuevos bonos autorizados por el Congreso al aceptar investigar esa operación. Esa decisión de apoyar la investigación que exigió el radicalismo sobre esos pagos, como adelantó Ambito Financiero, partió directamente de la Casa Rosada. Ayer la puso en práctica Felisa Miceli con una resolución inédita: ordenó investigar por qué se incluyó la deuda dentro del listado de pagos a realizar con la emisión extra de $ 1.300 millones en bonos, que finalmente no se efectuará. Curioso, porque su propio ministerio fue el que organizó esa prioridad de pagos.

El escándalo por los Greco termina así con la cancelación definitiva del pago. Pero comienza ahora un tramo más complicado de investigación que involucra a funcionarios de cuatro gobiernos y jueces.

Todo comenzó con una deuda originada en un conveniofirmado con el gobierno de Raúl Alfonsín -y no cumplido- que resarcía errores de la intervención al grupo mendocino que dispuso Lorenzo Sigaut en 1980. Siguió con el juicio iniciado por los Greco contra el Estado y la sospecha de que los abogados del fisco no apelaron y dejaron en firme, finalmente, la sentencia a favor de los demandantes.

La historia, en parte, está incorporada en la resolución del Ministerio de Economía que publica el Boletín Oficial donde se dispone el inicio de esa investigación.

  • Intimación

    Allí se relata que la causa «Greco, Héctor Osvaldo Miguel y otros contra Estado nacional sobre incidente de ejecución de convenio», la sentencia intimó al Estado a pagar $ 332,3 millones para una multa conminatoria de $ 500 diarios por incumplimiento.

    En la Oficina Nacional de Crédito Público aparecen las seis órdenes de pago que en la actualidad, más intereses y las multas, terminaron ascendiendo a $ 587,6 millones, los que hasta ahora no se habían pagado por no contar con fondos en el Presupuesto.

    De ese resumen inicial que hoy publica Economía queda claro primero que el único límite hasta ahora para el pago había sido la aprobación del Congreso, precisamente lo que el gobierno quiso conseguir en este fin de año maratónico en cuanto a leyes y que la oposición consiguió frenar.

    No llama la atención que ante semejante escándalo por un pago que podría ser cuestionado, Cristina Kirchner y Alberto Fernández hayan ordenadoa cada uno de los actoresde esta novela frenar cualquier avance e inclusive apoyar la comisión investigadora que pidieron los radicales, la auditoría de esos juicios que ordenó realizar a la AGN la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y ahora hasta la Oficina Anticorrupción, como pidió ayer Miceli. Nunca durante el gobierno de Néstor Kirchner el oficialismo apareció apoyando un movimiento de investigadores como el que se verá en torno al caso Greco, cuando la decisión final del pago había sido tomada por la misma administración.

    Es que los culpables podrían ser muchos y casi todos ajenos al actual gobierno. El juicio de los Greco y la familia Bassil -socios en el grupo mendocino- contra el Estado comenzó por incumplimiento del acuerdo firmado y aprobado por Raúl Alfonsín en dos decretos: 1.444 de del 3 de setiembre de 1987 y 1.067 del 6 de julio de 1989.

  • Explicación

    La segunda escala se da en el gobierno de Carlos Menem. La resolución de Miceli explica que en abril de 1995 el Estado Nacional perdió el derecho de una correcta defensa al caer la posibilidad de contestar la demanda.

    Deberán responder también los abogados de la Procuración del Tesoro por qué durante el inicio del gobierno de Eduardo Duhalde no fundamentaron la apelación, y por lo tanto perdieron esa posibilidad, a la sentencia a favor de los Greco que la Justicia emitió estratégicamente el 28 de diciembre de 2001, cuando el país contabilizaba un presidente por semana.

    Economía recién ahora reconoce que «resulta confuso el cálculo de la liquidación indemnizatoria», más aún cuando la liquidación final fue consentida por la defensa del Estado. Debe recordarse que hace 20 días, los mismos funcionarios que ahora remarcan toda esta lista de errores en la causa que benefició a los Greco ordenaron al Congreso votar una emisión de bonos para cancelar esa sentencia por $ 598 millones, explicando por todo concepto que se trataba de un mero pago a « proveedores». Ahora la ministra pide una «investigación integral» para evitar que se «efectivice un pago indebido», pide sumario administrativo para deslindar la responsabilidad y conocer al funcionario que ordenó incluir esos pagos en la nómina y dar intervención a una pléyade de organismos, como la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el Ministerio de Justicia y la Sindicatura General de la Nación.

    Y dio una última orden: ningún despacho de su ministerio podrá negar información a cualquiera de esos investigadores.
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