Negocian en una semana con empresas privatizadas

La renegociación de todos los contratos de servicios públicos, que se estima sumarían 60 dentro de la órbita del Estado nacional, fue planteada por la ley de emergencia pública, luego de resolver la desdolarización (pesificación) de las tarifas y la prohibición de indexarlas por índices de precios de otros países y por cualquier otro mecanismo.

Sin embargo, aunque ya se está entrando al tercer mes desde la sanción de la ley, las empresas privatizadas no fueron convocadas todavía por el gobierno, y sucesivos anuncios de reuniones finalmente no se cumplieron.

En este caso, la información conocida en el Palacio de Hacienda es más precisa y creíble, aunque por ahora varias de las compañías creen que el gobierno tenderá a estirar los plazos para evitar un aumento de tarifas, a menos que medie una fuerte presión internacional para que se encare el problema o se concreten los pronósticos más alarmistas sobre una brusca baja en la calidad de servicios esenciales, como por ejemplo, los cortes de luz en el invierno.

De acuerdo a las mismas fuentes, después se avanzaría en el estudio específico de cada contrato. Según el decreto 293 que reglamentó la ley de emergencia en cuanto a los contratos con las privatizadas, el Ministerio de Economía tiene 120 días corridos desde mediados de febrero para elevar una propuesta al Poder Ejecutivo.

Algunas de las más importantes empresas privatizadas vienen planteando un «período de transición» que duraría unos dos años en el que se contemplaría la situación más inmediata: una adecuación de las tarifas que contemple la suba de costos y una reconsideración hacia abajo de los planes de inversión y de las exigencias de calidad de servicio.

Según las empresas, esa salida permitiría reconstituir la situación financiera de manera de lograr un punto de equilibrio, para que no se termine con rentabilidad negativa. Al término de los dos años, se renegociaría totalmente el contrato «recuperando la ecuación econó-mica original».

Las empresas distribuidoras eléctricas son las que más avanzaron públicamente con este proyecto. El período de transición fue expuesto por el gerente general de Edenor, Henri Ducré, mientras que voceros de la española Endesa, que controla Edesur, dijeron «confiar en que el gobierno argentino compensará con el tiempo a las compañías por la devaluación como lo hizo Brasil».

De todas formas, la situación es distinta para cada servicio y contrato. Las empresas más endeudadas en el exterior, como Telecom Argentina con importantes vencimientos durante este año y Aguas Argentinas, con compromisos por u$s 600 millones a largo plazo, pueden ser las más duras en una negociación si el gobierno no les ofrece algún tipo de compensación.

Por otra parte, dentro de las compañías concesionarias hay cierta alarma por los miembros de la comisión, debido a que parecen haber sido nombrados como si se repartieran parcelas de poder. Hay dos hombres que tuvieron cargos importantes en la década del '80, durante la administración alfonsinista (Guillermo Cappadoro y Jorge López Raggi), uno que actuó junto al actual gobernador Felipe Solá cuando éste era secretario de Agricultura (Carlos Basco), y por último el actual director de Telecomunicaciones de San Luis (Alfredo Debattista), cuestionado por varias de las empresas telefónicas que operan en el país.

El ministro Jorge Remes Lenicov es el presidente de la comisión, pero ésta dependerá directamente del secretario legal y administrativo del Palacio de Hacienda, Eduardo Ratti.

En algunas privatizadas se especula que si empiezan las conversaciones, la comisión podría incorporar a otros miembros, porque parece difícil que seis personas puedan resolver en cuatro meses problemáticas tan distintas como la electricidad, el gas, el agua, la telefonía, los peajes, los aeropuertos y hasta las vías navegables.