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Además, para afrontar el acceso a los servicios considerados esenciales a las personas que el proyecto considera «indigentes», el Estado puede sacrificar hasta el total de la tasa del IVA (21%), y las empresas prestadoras deben además hacer un aporte equivalente a 10% de la tarifa subsidiada.
Aún con el proyecto terminado, hay todavía algunos aspectos no definidos que se entiende darán lugar a forcejeos dentro del Congreso y también con las empresas privatizadas. Esto no se relaciona con la indigencia. Lo que dijo la fuente se refiere a cualquier tipo de usuario residencial que no pague la factura. Según su opinión, «la empresa podrá intimar, enjuiciar y embargar al cliente, pero no cortarle el servicio».
Por el otro lado, está el acceso de los servicios de los indigentes para los cuales se crea el «fondo solidario». El proyecto estableció que «la calificación de indigencia será potestad del Ministerio de Desarrollo Social» que dirige Alicia Kirchner y, según el vocero del gobierno,
Las primeras en reaccionar frente a esta iniciativa fueron las distribuidoras eléctricas. Estas empresas ya tienen la experiencia con unas 150.000 familias que viven en villas de emergencia y que nunca pagaron la luz, porque entraron dentro de un convenio en el que el pago quedaba a cargo del Estado nacional y en parte de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal.
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