Nueva deuda debe tener una garantía

En la reestructuración de la deuda externa argentina, al igual que lo que sucede también con cualquier deuda del sector privado que deba ser renegociada, la clave para un resultado satisfactorio radica en la transformación de la calificación de aquélla desde su clasificación como «bonos basura» en la terminología del mercado financiero, a bonos categoría investment grade.

Este cambio en la calidad de la deuda es absolutamente esencial para que el mercado financiero internacional acepte el nuevo título que surja de la reestructuración de la deuda externa argentina, y para que la economía en su conjunto pueda tener acceso nuevamente a dicho mercado en condiciones de normalidad.

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Es evidente que un deudor que se declaró en default hace 15 meses y no ha hecho ningún esfuerzo para salir de esa situación, que viene de 4 años consecutivos de recesión con una caída del producto de más de 10% en 2002, y cuya deuda pública equivale casi al doble de su producto y a más de 6 años de exportaciones, es un deudor que no está en condiciones de transformación de la calificación de su deuda soberana.

El pago de la deuda argentina tiene que ser garantizado por un deudor de primera categoría mundial, lo que no existe en absoluto en el medio interno y debe, por lo tanto, recurrirse al exterior para encontrarlo. Esa garantía tiene que cubrir 3 aspectos esenciales si es que se pretende lograr un ranking de primer orden en la deuda pública nacional, los que consisten en el aseguramiento del repago del principal, de las cuotas de amortización que se establezcan en el caso de que el mecanismo de cancelación no sea de tipo bullet, y del pago regular de los intereses pactados.

El país tiene un activo notable para tener éxito en cambiar de manera radical la categoría bajísima de los bonos de deuda soberana que hoy circulan en los mercados, y está representado por una magnitud de reservas monetarias del Banco Central del orden de los 10.000 millones de dólares. Estas pueden ser usadas íntegramente para comprar un bono cupón cero de la Tesorería estadounidense con vencimiento en 2033, cuyo valor nominal será aproximadamente de 50.000 millones de dólares conforme a la cotización de los títulos a 30 años que hoy existe en el mercado.

Si el país emitiese un nuevo bono sustitutivo de todos aquellos que entraron en default por un valor equivalente a la suma mencionada, garantizados en su pago por el gobierno de los Estados Unidos, la categoría del nuevo título y su respectiva cotización subirían de un modo impresionante respecto de los que vendría a sustituir. El país más poderoso del mundo sustituiría al gobierno argentino al momento de cancelar 100 por ciento de la deuda soberana bajo forma de bonos que existen, y este cambio de deudor introduciría una transformación extraordinaria en la calificación de la deuda soberana.

Los intereses aplicables a un título como el descripto no tienen punto de comparación con el que regiría para un deudor incomparablemente menos solvente, y en consecuencia deberían ser las tasas correspondientes a deudores de primera categoría. Estos intereses habría que pagarlos durante 30 años, lo que es mucho tiempo para un país de la volatilidad histórica que ha mostrado la Argentina a lo largo de toda la posguerra, por lo que abre un interrogante de desconfianza que necesita ser resuelto también por una metodología que independice el flujo de esos pagos de la evolución interna en materia fiscal.

Hay más de una estrategia para lograr este objetivo pero, cualquiera fuese la diseñada, debe confluir en una cuenta especial nutrida de recursos específicos que pueda ser objeto de un seguro de pago por parte de uno o más entes aseguradores de primer nivel mundial con un costo perfectamente absorbible por la economía nacional. De este modo se garantizaría la cancelación regular de los intereses durante el período de 30 años, desligando este cumplimiento de los avatares de la evolución macroeconómica argentina.

El país, aun estando en la condición crítica en la que se encuentra, emergería en el mercado financiero mundial con un título de deuda soberana de primerísimo nivel que sería un paso decisivo hacia la recuperación vigorosa de una economía profundamente debilitada. El cambio de expectativas sería extraordinario y como éstas rigen el devenir de cualquier economía, la Argentina podría salir con gran rapidez de su situación actual y el propio crecimiento de los niveles de actividad constituiría la principal solución para comenzar a superar los graves problemas económicos y sociales existentes.

Frente a la esperada objeción de que el país no puede quedarse sin reservas monetarias, cabe contestar que un sistema de flotación limpia no exige por definición ningún stock de moneda extranjera en el Banco Central, dado que las variaciones en las cotizaciones del peso cumplirían ese rol esencial de equilibrar el mercado cambiario. Una flotación limpia demandaría un fuerte control monetario y fiscal sobre la demanda agregada interna, y es éste, en definitiva, el que aseguraría la mínima flotación del tipo de cambio en un escenario de nula intervención de la institución monetaria.

Por otra parte, los hechos son siempre dinámicos y no estáticos en las economías de mercado, dado que los agentes participantes suelen anticiparse al devenir de los acontecimientos; sería suficiente que se vislumbrase una negociación que condujese a un cambio completo en el status actual de la deuda pública argentina, para que una importante masa de fondos entrase al país, con lo cual el Banco Central estaría en condiciones de volver a comprar una sustancial cantidad de divisas. El interregno de flotación limpia cumpliría el rol fundamental de permitir que el país, con sus propios recursos, adquiriese una garantía AAA para asegurar el pago del principal de su deuda externa en bonos. Terminado ese plazo, se retornaría a la flotación sucia o al mecanismo que se establezca. La política cambiaria debe ser flexible y no un tótem intocable.