Ojos que no ven el tren que pasa

Repiten hasta el desgarramiento, en público, tanto el presidente Kirchner como su esposa y la ministra Miceli, que el país requiere -para garantizar la estabilidad económica futura- una mayor cantidad de inversiones. Justa y comprensible demanda a la que, como respuesta de los posibles inversores, le aducen un rosario de restricciones: de la calidad institucional a la política de precios. Pero hay una, nítida, que el gobierno insiste en no ver, como si fuera un vecino que vive frente a una estación ferroviaria y no registrase el paso cotidiano del tren.

Y ese dato esencial que demora o impide inversiones -reconocido, además, por todos los empresarios del país, grandes o pequeños- es el crecimiento y desborde de los juicios laborales, incremento que trastorna a las compañías no sólo por los montos reclamados, ridículos por su escala. Negocios de abogados que Kirchner no debería ignorar -finalmente él construyó su fortuna con recovecos de la profesión-, fenómeno que ha proliferado y se evidencia con la aparición de carteles y publicidades en todo el país invitando con «Despidos, gratis», refrescando aquel esplendor de los años 60 y 70, los de la patria sindical y la patria montonera que desplumaron empresas y derrumbaron la economía. Algo parecido en los tiempos a aquel estudio penalista, otrora famoso por su capacidad de «sacapresos» en la provincia de Buenos Aires, que ostentaba el slogan: «Mate primero, venga después».

Y así como ascienden meteóricamente en ganancias los estudios que dicen defender a los trabajadores, caen aquellos otros que se especializaron en proteger a las empresas, cada vez más desanimados con su actividad porque prometen seguridades que luego no se cumplen. Y es que tanto las cámaras como los magistrados laborales han coincidido en los últimos tiempos -se supone que de buena fe y obviamente contagiados por ciertos representantes del régimen, como el diputado y defensor de Hugo Moyano, Héctor Recalde- en una norma común: el castigo al empresario, sin interesar tal vez la equidad. O, el Derecho.

Veamos un panorama de esta realidad:

Apelando a cierto garantismo absurdo, hay acuerdos suscriptos entre las partes, en el Ministerio de Trabajo -o sea, con su aval- que luego son revisados de nuevo en la Justicia (hoy es práctica, por ejemplo, en la industria automotriz, que se habiliten en la Justicia nuevas acciones de personal que fue despedido e indemnizado, durante la última crisis, negándose en consecuencia la existencia de ella). Vale ahora que tras entendimientos consentidos, con cobros y renuncias del empleado, se emprendan nuevos juicios.

Se demandan también montos extraordinarios bajo cualquier razonamiento, en ocasiones injustificados, a los cuales se les da curso para hacer tambalear las mínimas economías de las pymes.

Todos los días aparecen mencionadas enfermedades nuevas (hay un ex legislador y ministro del peronismo que se hizo rico, en los 70, firmando casos de hipoacusia como si fuera una producción de salchichas), complicaciones médicas que permiten demandas y mayor complicación judicial. Es decir, el apogeo de la patria pleitera. Por no hablar de nuevas figuras en los reclamos, como la estabilidad del padre de familia o la discriminación (tal el caso de una operaria que, desde su trabajo, incitaba a trabajadores de otras compañías con propuestas de insurgencia en solidaridad con ciertos huelguistas; la empresa consideró despedirla, se hizo efectivo, le pagaron y, luego, por un recurso judicial, la mujer fue devuelta a su tarea anterior en la empresa: los dueños agradecen de que no la hayan incorporado al directorio).

A mayor cantidad de leyes (en lo que se destaca Recalde), mayor invento de abogados para extraer derivados. Una regla de la profesión que se multiplica en el fuero laboral.

Las peleas entre gremios (por encuadramientos, tipo Comercio versus Camioneros) normalmente terminan en nuevos costos para las empresas, y en dificultades también para saber bajo qué convenio operan sus empleados o cuáles son los representantes de los trabajadores.

La ley de empleo 24.013 ha caducado en su totalidad, salvo en materia de indemnizaciones y multas. Insólito.

Cualquiera que frecuente Tribunales puede confirmar estos datos. Hace pocos días, además, un informe de las ART señaló que nunca en la Argentina hubo tantos juicios laborales, tendencia cierta a pesar de que esas empresas impulsan esa información como lobby para evitar una ley próxima que parece habilitar, a los trabajadores, a judicializar en forma doble -demandando a ellas mismas y a las que contratan el seguro-, lo que aumentará sensiblemente el precio de las pólizas.

Este incremento de la litigiosidad impresiona por su orientación contra todo tipo de compañías, grandes o pymes, permite el enriquecimiento de algunos trabajadores aunque provoca el deterioro futuro de la mayoría, amparando el negocio de estudios jurídicos que deben tener a sus empleados en negro y jamás han estado al frente de una fábrica. Lo mismo pasa con quienes auspician este tipo de legislación. Sorprende entonces que Kirchner, su esposa y la ministra Micelli no adviertan que tamaña fiebre pleitera constituye una traba gigantesca para cualquiera que piense invertir (o reinvertir) en la Argentina.

Sobre todo, conmueve esta ignorancia porque esta información se manifiesta en cualquier tipo de encuestas, más en las que aluden a los empresarios. Tal vez, porque los mandantes sólo ven en ellas el progreso o declive de sus posibles candidatos a ocupar cargos políticos en lugar de observar el tren que, todos los días, pasa frente a sus narices. O tal vez se distraen, como la mayoría de los argentinos, más por saber la cantidad e identidad de quienes desfilaron por el tálamo de la empresaria asesinada en Córdoba y no por conocer al autor del crimen.