Para aprobar AySA, prometen fondos

Nadie puede asegurar que el gobierno apruebe esta semana en el Congreso la ratificación por ley del decreto de necesidad y urgencia con el que se creó la nueva AySA, la empresa estatal que reemplaza a Aguas Argentinas, pero es un hecho que la discusión política, tanto en Diputados como en el Senado, está resuelta. El problema es que fundar la empresa y financiar las obras que Néstor Kirchner anunció el jueves pasado en la Casa Rosada saldrá más caro que lo esperado.

Es el resultado de una negociación donde el gobierno se habría comprometido con los gobernadores a subsidiar obras y operaciones de las empresas de aguas y servicios sanitarios en las provincias, en la misma proporción que lo hará con la nueva empresa AySA. Será tarea del ENOSA, el Ente Nacional de Obras y Servicios de Agua, que deberá distribuir los subsidios.

Contra esa promesa empezarían a desaparecer esta semana las reticencias de los diputados -incluso las de algunos kirchneristas- para avanzar con el proyecto, y las duras críticas al nombramiento de Carlos Ben como presidente de AySA, después de haber sido director suplente en Aguas Argentinas por Suez. No se espera que calmen, de todas formas, las críticas del ARI a la imposibilidad de controlar la empresa por ser una sociedad anónima fuera de la estructura del Estado y por las amplísimas facultades que tendrá la compañía para manejarse con absoluta autonomía. Los problemas en el Congreso en torno de la ratificación del DNU 304 de 2006 con el que Néstor Kirchner decidió crear AySA el mismo día que le canceló la concesión a Aguas Argentinas, comenzaron con planteos legales sobre la constitución de la empresa. Se complicaron luego con el debate sobre si será necesario ratificar el decreto, crear la empresa directamente por una ley o dejar el DNU presidencial intacto, algo que debe decidir aún un plenario de comisiones en Diputados.

Pero fuera de esas precisiones, el problema central fue la presión de los gobernadores porque la estatización de Aguas Argentinas y la creación de AySA suponenun «privilegio» para los vecinos de la Capital Federal y los 17 municipios donde presta el servicio la empresa.

Desde el último gobierno militar las competencias de la vieja Obras Sanitarias de la Nación fueron transfiriéndose a cada provincia o municipio que organizó el sistema de agua potable y tratamiento de efluentes.

A partir de ese momento los servicios de agua pasaron a financiarse de tres formas: por tarifa, por impuestos o por subsidios. Como Aguas Argentinas financiaba sus operaciones a través del cobro de una tarifa, y tanto en su tramo privado como ahora estatal se reconoce que no es suficiente para las obras necesarias, ahora el Estado nacional aportará fondos para el agua de los porteños y algunos bonaerenses del conurbano.

La protesta del interior ante esto se saldó la semana pasada cuando un operador del gobierno en el Congreso calmó a algunos diputados que estaban enojados por orden de su gobernador: «Van a ir fondos a cada provincia a través del ENOSA, quédense tranquilos».