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Esa es la discusión que el PJ deberá saldar antes de la semana próxima si el gobierno quiere tener aprobado el proyecto de compensación a bancos, que incluye la muerte definitiva del CVS.
La letra del dictamen -muy modificado con relación al proyecto que Eduardo Duhalde envió al Congreso el último día de su mandato- establece una autorización al Poder Ejecutivo para emitir bonos del gobierno nacional en pesos a tasa variable 2013, por un monto de hasta $ 2.800 millones «a los fines de compensar a las entidades financieras, de manera total, única y definitiva los efectos generados por la vigencia de normas de orden general en virtud de las cuales es de aplicación, sobre algunos de sus activos, el CVS y sobre algunos de sus pasivos, el CER».
La Comisión de Finanzas, presidida por el bonaerense Rodolfo Frigeri, estableció además que los préstamos hipotecarios de menos de $ 150.000, prendarios inferiores a $ 30.000 y personales por debajo de $ 15.000, se «actualizarán, entre el 1 de octubre de 2002 y el 31 de marzo de 2004», en función de la aplicación del CVS.
Luego se fijó que «a partir del 1 de abril de 2004 no será de aplicación respecto de tales obligaciones ningún índice de actualización» y que «a partir del 1 de octubre de 2002» esos préstamos «devengarán la tasa de interés nominal anual convenida en el contrato de origen, vigente al 2 de febrero de 2002», siempre que ésta no exceda el promedio de las tasas vigentes en el sistema financiero durante el año 2001.
Con ese esquema, Lavagna cree poder llegar a un punto de equilibrio hacia octubre de 2004, entre la compensación que el Estado debe pagar a los bancos y lo que éstos cobrarán de diferencia.
Por eso es que el miércoles por la noche el ministro, vía comunicación telefónica, se negó absolutamente a aceptar el pedido radical de adelantar la eliminación del CVS. Dice Lavagna que eliminar tres meses de actualización de préstamos por ese índice implicaría un desequilibrio de $ 400 millones -monto que los bancos deja-rían de percibir-en el esquema de compensación negociado por el gobierno.
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