Si el gobierno fija un aumento total de 10 por ciento a 12 por ciento para las tarifas de gas, y las petroleras suben 30% el valor del gas (que equivale a 30% de cada factura), las distribuidoras pueden recurrir a la Justicia porque los contratos de concesión permiten el traslado automático del precio del fluido. Pero, igualmente, deberían pagar a la nueva cotización para que no les corten el suministro, mientras se sustancia la causa judicial.
En opinión de estas empresas, «no se explica por qué el gobierno no aceptó el criterio de subir el gas en boca de pozo 40 por ciento para la industria, que ya se benefició con la devaluación y la suba de precios, y mantener congelado el precio para el sector residencial».
Ese criterio había sido acordado entre las petroleras y el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, a mediados de junio, pero finalmente el ministro Roberto Lavagna se habría inclinado por un aumento, incluyendo precio del gas y remuneración de transportista y distribuidor, con los siguientes niveles:
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