Hugo Moyano acaba de conseguir, no se sabe con qué métodos, que Néstor Kirchner haga funcionar al Estado en favor de sus intereses corporativos. La Argentina ingresó en un conflicto con Chile y con Brasil, que ya demandó una interminable cantidad de negociaciones, porque el subsecretario de Transporte, Jorge González (un funcionario designado a instancias del sindicalista), dispuso interrumpir periódicamente el tráfico de cargas entre esos dos países, hasta recibir de ellos una compensación por el uso de las rutas. El reclamo podría ser justo si no fuera porque la retribución que fijó González es que se les asigne a empresas de camiones argentinas 10% del negocio del traslado de mercaderías. El entredicho fue discutido ayer, sin éxito, y volverá a ser tratado mañana en una reunión internacional por celebrarse en Foz de Iguazú.
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Ayer hubo una prueba más de esta propensión que ahora se extiende al plano internacional. En el Palacio San Martín se reunieron autoridades de la Cancillería local y del gobierno de Chile para intentar resolver, de nuevo de manera infructuosa, el conflicto binacional desatado en relación con el transporte regional de cargas. Ese diferendo se desencadenó cuando las autoridades argentinas, sobre todo las de la Secretaría de Transportes, resolvieron exigir a Brasil y a Chile una compensación por el uso del sistema vial de la Argentina en el tráfico de mercadería entre esos dos países. Hasta allí, algo que está contemplado en los tratados internacionales. Lo curioso es que la compensación, rechazada por brasileños y chilenos, consistiría en que empresas de camiones argentinas se hagan cargo de 10% del negocio de transportes de mercaderías entre Brasil y Chile.
Otro rasgo notorio de la conducta del gobierno es que, a instancias de González, se detuvo durante semanas a una cantidad de camiones en el límite entre Brasil y la Argentina, con el argumento de que no cumplían con requisitos que habitualmente la Secretaría no exigía. «Los camiones están detenidos por un exceso de celo del funcionario, que el gobierno de Chile no quiere calificar», dijo el embajador de ese país, Luis Maira, cuando se produjeron los hechos. Fue un modo elegante de sugerir que su país estaba siendo extorsionado por los hombres de Kirchner-Moyano. También en el caso de tránsito de autobuses entre Brasil y Chile González tomó medidas de bloqueo.
De la reunión de ayer participaron el secretario de Transporte de Chile, Jorge González; el director de Integración Económica de ese país, Carlos Furche; el subsecretario de Transporte, Guillermo Díaz Silva; y el embajador Maira. Por el lado argentino estuvieron el subsecretario de Integración Económica, Eduardo Sigal; y el subsecretario de Transporte, González.
El tráfico de mercaderías entre Brasil y Chile que se realiza a través de rutas argentinas alcanza hoy unos 3.500 vehículos, con cargas que ascendieron en 2004 a más de un millón de toneladas anuales.
El favoritismo hacia Moyano y las empresas camioneras (a las que el sindicalista representa en una condición por lo menos vidriosa) ya quedó expresada en la Resolución 435 de la Secretaría de Transportes, por la cual se dispuso la devolución de los aportes patronales devengados desde julio del año pasado hasta diciembre de este año a todas las empresas de transportes de cargas que hayan suscripto el Convenio Colectivo Nº 40 con el sindicato del titular de la CGT.
Estas ventajas, que expresan una racionalidad por lo menos curiosa, están en la base del acuerdo que ha llevado a Moyano a ganar en moderación y suavidad frente al gobierno, en lo que se interpreta como una cláusula de paz social preelectoral, de carácter prebendario. La tarea de la Cancillería en favor de los intereses de Moyano seguirá muy activa en los próximos días: mañana mismo habrá otra reunión como la de ayer en Foz de Iguazú, para intentar resolver el entredicho con Brasil y Chile.
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