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2 de septiembre 2008 - 00:00

Presentarán proyecto propio en el Congreso

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Con megamarcha incluida, el campo organiza un nuevo desembarco en el Congreso nacional, esta vez para intentar el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley que incluya nuevas políticas para el sector agropecuario. La iniciativa abundará en aspectos técnicos, pero tiene como meta máxima lograr modificaciones en los cuestionados regímenes de retenciones y compensaciones.

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A diferencia del recordado 17 de julio, cuando, tras un extenso y público debate, el vicepresidente Julio Cobos se expresó negativamente y frenó la Resolución 125 que incluía las retenciones móviles, ahora la postura de la Mesa de Enlace no es sólo defensiva, sino que aspira a conseguir el voto positivo del Parlamento.

En el oficialismo se mantienen expectantes y aseguran que «hay decisión política de darles tratamiento a temas agropecuarios», según indicaron fuentes legislativas kirchneristas. El ingreso a comisión estaría garantizado para la semana próxima, aunque el oficialismo advierte que no está dispuesto a volver a sesionar bajo presión, como ocurrió con la Resolución 125. De concretarse la marcha de productores, prevista para el próximo martes y anunciada por Alfredo de Angeli y la Mesa de Enlace, obligaría al gobierno a repensar su postura.

Los temas que están en el foco de atención del campo son básicamente cuatro (granos, principalmente, trigo, y su precio en el mercado interno, muy inferior al internacional), carne, lácteos y cuestiones legislativas varias, entre las que se incluye la postergada normalización de los arrendamientos rurales o la creación de fondos anticíclicos.

La posición del campo contiene, además, un fuerte componente crítico hacia la administración Kirchner y los dos principales sistemas que rigen la relación del Estado con el agro: retenciones y compensaciones. En principio, en un proyecto ideal del sector, ambos mecanismos no existirían, o al menos no como lo hacen actualmente.

  • Discusión

    Con mayor o menor nivel técnico, la queja de los representantes del agro suele dirigirse hacia este sistema que quita (retenciones) para luego devolver ( compensaciones). Cabe recordar que la gran discusión campo-gobierno, que se prolongó por más de cuatro meses y paralizó al país, fue justamente por una suba de las retenciones.

    En el otro extremo de la cadena están las compensaciones, sobre las cuales se extiende un ramillete de críticas de los productores: denuncian no cobrarlas y sufrir graves demoras (como aseguran numerosos tamberos y trigueros) o que sólo beneficiarían a la industria. De todos modos, el gobierno sigue apostando a esta herramienta para desacoplar los precios internos de los internacionales, aunque sólo las estadísticas del INDEC pueden dar cuenta del éxito de este sistema. Las alzas en góndolas de supermercados se encargan de generar una versión opuesta.

    Este año el gobierno destinaría unos $ 3.800 millones en materia de compensaciones, fondos que distribuye la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) que dirige Ricardo Echegaray. En agosto incluso se generó un récord en estos envíos.

    Justamente, la ONCCA se encuentra en el centro de muchas de las quejas del agro, ya que, junto a la Secretaría de Comercio Interior que dirige Guillermo Moreno, funciona como brazo ejecutor de los fuertes controles que el gobierno de Cristina de Kirchner aplica sobre las exportaciones, dicen.

    En materia de carnes y lácteos, el campo denuncia « trabas» a los envíos, pero Echegaray insiste en que se trata de «controles», apuntando a una supuesta tendencia de marginalidad en las diferentes cadenas de producción.

    La avanzada legislativa del agro incluye libertad para fijar precio de hacienda en pie, flexibilización de exportaciones y ventajas para poder elevar el precio de faena y, además, limitar la liquidación de vientres.

    Otros puntos que ameritarían incluirse en un gran proyecto de ley para el agro abarcarían la emergencia agropecuaria y seguros para prevención de catástrofes como la actual sequía que genera pérdidas a razón de $ 2.000 millones.

    Por lo pronto, el agro está abocado a redactar textos -al menos tres- que abarquen los subtemas en cuestión. El resultado también podría ser un gran proyecto, en el cual, además, se incluirían algunas de las propuestas que ya fueron trabajadas en el Congreso en escritos de legisladores como Carlos Reutemann, Pablo Verani o Felipe Solá.

    Se prevé también la generación de planes sectoriales para producciones regionales como arroz, algodón y cítricos, entre otros.
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