El gobierno resolvió ayer que las empresas de servicios públicos no podrán aumentar sus tarifas. Además, las obliga a suspender todo proceso de revisión tarifaria, que estaba previsto para mayo. Así se dejan sin efecto también las cláusulas de ajuste en dólares para los precios de los servicios públicos a nivel nacional. Además, se dispuso que cese cualquier cláusula o mecanismo indexatorio en curso, de los que se utilizaban para ajustar tarifas de esos servicios. La medida fue conocida ayer a través de una resolución del Ministerio de Economía y coincide con un nuevo pedido del FMI de tratamiento igualitario a inversores. Obviamente, las empresas privatizadas rechazaron la medida pero algunas, especialmente las del sector eléctrico, ya se preparan para presentar demandas contra el Estado argentino en tribunales internacionales. La decisión de ayer afecta principalmente a las empresas de gas y luz, que ajustan sus precios en el invierno. Cabe recordar que la Ley de Emergencia Económica pesificó 1 a 1 las tarifas y prohibió cláusulas de indexación pero dejó vigentes los ajustes periódicos por razones de estacionalidad.
Sin embargo, ya el 1 de febrero, cuando correspondía ajustar el precio estacional de la luz, la Secretaría de Energía confirmó el que estaba vigente hasta esa fecha. En ese momento, se trataba de una corrección sobre el precio fijado al empezar la estación estival.
La resolución que lleva el número 38 se ampara en la Ley de Emergencia Pública en lo que se refiere a las tarifas y al Decreto 293 que lanzó la renegociación con las empresas privatizadas. Por eso, en algunas empresas se interpreta que los ajustes estacionales quedaron congelados hasta el plazo que marca ese decreto, 180 días, para la renegociación de las tarifas.
Teóricamente, según la letra del decreto, ese plazo vence el 1 de julio. Pero en el cronograma presentado a las empresas al iniciarse las tratativas, ese plazo se utilizará para que la comisión renegociadora eleve una propuesta a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía.
Después, según la misma norma, deberán intervenir la comisión bicameral constituida por la Ley de Emergencia Pública y la bicameral de seguimiento de las privatizaciones. Pero hay además un proyecto de legisladores radicales y aun oficialistas, para que la revisión de tarifas pase directamente por el Congreso, con lo cual no hay plazos ciertos para la recomposición tarifaria.
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