Servicios públicos: dicen que congelarán tarifas por 90 días

El primer interrogante que plantea una devaluación es si el gobierno de

Además la renegociación tiene distinto contenido según el servicio de que se trate. En el caso de la electricidad, el gas o el servicio de agua y cloacas, la revisión puede incluir una reducción de las inversiones y de los requisitos de calidad y servicio a cubrir. En la telefonía fija, en cambio, ya no hay inversiones obligatorias, aunque una renegociación podría afectar la prestación del servicio en las áreas deficitarias del interior del país.

Según los voceros empresarios, en cualquier caso, aun con la previsible reducción de inversiones, las empresas exigirían que se les compense la devaluación al término de los 90 días, aunque sea con aumentos escalonados, y que después se fije un mecanismo de indexación que considere los precios internos y el tipo de cambio.

La reacción es distinta frente a la situación según la empresa. Los más duros afirman que si no hay acuerdo en la renegociación, la única salida será ir a juicio y retirarse de la concesión. En el otro extremo, hay quienes dicen que «la apuesta en la Argentina es a largo plazo». Y por último, todos coinciden en que si tienen que pagar créditos en dólares y las tarifas se desdolarizan, los resultados serían negativos.

La situación más crítica es la de la telefonía celular. Esta no se considera servicio público y las facturas están directamente expresadas en dólares. Sin embargo, la retracción de la demanda en los últimos dos años, en cuanto a la reducción de los clientes pospagos y el menor consumo de los que usan tarjetas prepagas, harían difícil trasladar a tarifas todo el impacto de la devaluación. Como estas empresas vienen dando pérdida o apenas equilibrio desde 2000, el resultado podría ser la desaparición de algunas de las compañías existentes y una mayor concentración de la oferta.

Pero por otra parte, el precio que paga el usuario de telefonía fija por llamar a un celular, depende de la tarifa promedio de las compañías de móviles, y está fijado por éstas. Por consiguiente, como este valor no entra dentro de lo que se llama servicio público, porque no es telefonía fija, sino precio del «tiempo de aire» por llamar a un celular, las compañías de móviles podrían tratar de cubrirse con la dolarización de la tarifa «paga el que llama», lo que impactaría fuertemente en las facturas telefónicas, aun mientras dure el congelamiento.

En algunas compañías, ya habían recibido una invitación de miembros del gabinete del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá para empezar a conversar, y afirman que ahora están esperando lo mismo de los nuevos funcionarios. Otras, en cambio, dicen que ni con el anterior gobierno ni con éste hubo contactos y creen que cuando los haya será a nivel de los accionistas extranjeros, y no de los ejecutivos locales.