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Desde este punto de vista, si el gobierno quisiera cumplir con las exigencias planteadas por el Fondo Monetario, entre ellas la suba de las tarifas, debería incluir hoy en la mesa de negociación con los gobernadores un proyecto de ley que permita aumentos de emergencia.
La tensión entre el gobierno y las privatizadas volvió a acentuarse el viernes cuando, como era totalmente previsible, la jueza La magistrada insistió en que la convocatoria a audiencias realizadas por los entes reguladores, contradice «no sólo» a la ley de emergencia, «sino además las disposiciones emanadas del Ejecutivo», que establecieron los procedimientos para la renegociación de los contratos.
Luego de que la misma jueza había suspendido en setiembre las audiencias públicas, con el criterio de que la ley de emergencia no permita aumentos de tarifas si no hay una renegociación integral de los contratos, el Ministerio de Economía apeló a un atajo legal. Como las leyes de electricidad y gas no fueron derogadas por la ley de emergencia, llamaron a debatir tarifas bajo el amparo de las primeras normas, pero la jueza interpretó que era igualmente una violación de la legislación vigente.
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