También la Corte reclama por inflación. Pide indexar su gasto

Todo el esfuerzo puesto por la administración Kirchner para evitar que se hable de inflación vino a colisionar con el interés de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, los jueces emitieron una acordada en la que reclaman 1.500 millones de pesos para trabajar. Supera con creces lo que recibieron el año pasado, unos 800 millones. La justificación que dieron los ministros fue que el gasto de funcionamiento del Poder Judicial debe ajustarse a las modificaciones que se desprenden del nivel general de precios. Una nueva preocupación para un gobierno que está demasiado ocupado en las legislativas de octubre.

Enrique Petracchi

Si algo no esperaba el gobierno, era un nuevo enfrentamiento con jueces. Los integrantes de la Corte dijeron que pretendían ajustar los gastos de funcionamiento del Poder Judicial «a las modificaciones que se desprenden del nivel general de precios». En otras palabras, subir su presupuesto por la inflación. Ese reclamo es parte central de una acordada rubricada ayer con la firma de todos los ministros de la Corte Suprema en la que demandan un incremento de 25% para 2006. En este contexto, anoche se reunieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna para analizar el Presupuesto 2006.

Según sus estimaciones, ese poder del Estado necesita para trabajar $ 1.496.969.592, cifra que dobla el monto que le entregó el Poder Ejecutivo el año pasado para el funcionamiento de los tribunales de todo el país.

Obviamente, los jueces no contabilizaron en sus libros esos $ 500 millones de superávit que, por decreto, Néstor Kirchner le sacó al Consejo de la Magistratura y transfirió a la órbita de Enrique Petracchi. Es decir, la Corte Suprema el año que viene estaría en condiciones de embolsar casi $ 2.000 millones, un monto muy cercano al que maneja el Ministerio del Interior o el destinado a Desarrollo Social y el doble de lo que percibe el Ministerio de Salud.

La cabeza del Poder judicial emitió este pronunciamiento un momento antes de recibir al nuevo ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que se enteró de la osadía cortesana cuando dejó tras sus espaldas el Palacio de Justicia de Talcahuano 550. Un pésimo debut para Iribarne, que acudió al encuentro con los ministros de la Corte para moderar el autismo de los jueces con el gobierno. La tarea de Iribarne, precisamente, es buscar que los tiempos políticos del Ejecutivo tengan su correlato con el Judicial. Y, de algún modo, no desayunarse con los fallos sorpresa del Tribunal.

El justificativo para embarcarse en la demanda por más dinero está relacionado con un ambicioso plan de inversiones en obras de infraestructura que la gestión Petracchi quiere ejecutar en el trienio 2006-2008 y que contemplan la construcción de nuevos edificios, la ampliación y remodelación de otros y la puesta en funciones de los nuevos tribunales. Dicen que es la única manerade superar el «colapso edilicio» y de cubrir un « nivel de necesidades mínimas».

La opinión unánime de los magistrados es que «los techos presupuestarios» fijados por la Jefatura de Gabinete «resultan insuficientes para el nivel de necesidades mínimas». Por lo tanto, decidieron aprobar una suma que excede con creces lo que recibió en el ejercicio anterior. Por eso, reclamaron que el incremento de los gastos de funcionamiento se ajusten a las modificaciones que se desprenden del nivel general de precios.

El año pasado, el Congreso avaló un presupuesto para el Poder Judicial de 884 millones de pesos, más una partida adicional de 200 millones que la Jefatura de Gabinete le asignó en marzo último. La Corte había reclamado el año pasado alrededor de 1.200 millones de pesos. Con la decisión de ayer, esa cifra fue superada holgadamente aunque los jueces subrayaron que ese número tenía como fin cubrir todas «las necesidades físicas y financieras de las distintas áreas».

Resultó casi una ironía que se ocuparan de aclarar que «el criterio que ha primado es el de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de la manera más eficiente; fijándose -no obstante-los valores impostergables que aseguren el accionar de la Justicia».

• Advertencia

Los ministros estimaron que «una inadecuada asignación de créditos para el Poder Judicial afecta el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Nacional». Y advirtieron, en la misma línea, que si el Poder Judicial no es provisto «de los recursos indispensables para el cumplimiento de la indelegable e independiente misión de administrar Justicia», se pone en tela de juicio «el respeto y la consolidación del sistema republicano de gobierno».

La Corte estableció que serán 21.639 el total de cargos ocupados en el Poder Judicial, lo cual contempla la planta permanente y el personal requerido «en materia forense, lo necesario para completar el Departamento de Seguridad e Higiene y para habilitar el fuero Penal Tributario».

También previó los cargos para completar «las dotaciones del Consejo de la Magistratura, las previsiones para jueces convocados, incorporación de cargos para la Cámara Nacional Electoral y los necesarios para la creación de la Oficina para la Atención de Violencia Doméstica», entre otros.