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El gobierno pretende postergar esta definición por lo menos hasta después del 1 de julio, y si prevalece la opinión de algunos legisladores, de que los ajustes deben pasar por el Congreso es posible que no haya definiciones hasta setiembre.
Pero lo cierto es que electricidad y gas son los únicos dos casos en que se superponen el aumento de lo que sería la materia prima y los márgenes de transportistas y distribuidores. Por eso, la situación resulta más complicada.
Los que piensan en este tema dentro del gobierno creen que las empresas deben esperar entre uno y dos años para volver a la situación anterior a la devaluación, y citan las crisis de los países asiáticos.
En ese lapso, habrá empresas que puedan tolerar la situación, algunas que se vayan y le hagan o no juicio al Estado, y otras que se queden y pidan indemnización. El caso de Camuzzi, distribuidora de gas en el sur del país, parece ser el más apremiante dentro del sector energético, porque el Estado les adeuda el subsidio al gas de los usuarios residenciales de la Patagonia por unos 150 millones de pesos.
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