Carlos Tomada y Amado Boudou, director de la ANSeS, abrieron ayer en el Senado el debate del proyecto de estatización de las AFJP que debe concluir el miércoles con el dictamen de las comisiones y la semana que viene con la votación en el recinto, de acuerdo con el cronograma oficial. Ambos funcionarios sabían que se enfrentan a una Cámara donde los votos no sobrarán como en Diputados, al punto que al menos cuatro senadores del PJ ya decidieron que no apoyarán el proyecto. El discurso del ministro de Trabajo incursionó esta vez en la crisis financiera internacional y los peligros futuros del sistema de capitalización para explicar la necesidad de la estatización. No fue el mismo tono que utilizó cuando debió explicar el mismo proyecto en Diputados: «Es una medida que debemos tomar para evitar un 2001 previsional», dijo mientras a algunos senadores del kirchnerismo y la oposición les corría frío por el paralelismo con esa crisis que terminó en el default y la devaluación.
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Casi como no hizo hasta ahora ningún integrante del gobierno, Tomada reconoció que «la crisis internacional golpea las puertas de los países de la región», como justificativo para acelerar la estatización total del sistema previsional. «Las AFJP no están en condiciones de afrontarlo», dijo. Fue cuando les pidió a los senadores de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda que avanzaran rápidamente con el proyecto.
Intentó entonces explicar que el apuro oficial por aprobar la ley se debe no a una necesidad de fondos extra en el Tesoro sino a que la crisis financiera no termine minando aún más el sistema de capitalización: «La toma de decisión para ser eficaz tiene que ser pronta». Pareció olvidar el ministro que buena parte de la baja en las cotizaciones de las acciones y títulos que integran las inversiones de las AFJP se dio tras el anuncio de la estatización cuando hasta ese momento, según el propio gobierno, la Argentina estaba alejada del centro de la turbulencia financiera internacional.
«Podíamos haber dejado que se cayeran dos o tres AFJP para que hubiera un clamor reclamando la intervención del Estado», dijo el ministro, en un giro que muchos senadores presentes no entendieron.
«El sistema de reparto es mejor que el de capitalización, no importa cuánto se haya aportado -continuó Tomada-; puede ser que se puedan mejorar detalles, pero lo esencial está.»
También garantizó transparencia en el manejo de los fondos que ahora pasarán a la ANSeS: «La seguridad la da el Fondo de Sustentabilidad que tendrá el equivalente de un año de pago de jubilaciones, como hacen los países serios».
Hubo también una apelación a los senadores de la oposición, especialmente el radical jujeño Gerardo Morales, que preside la Comisión de Previsión Social y tiene varios proyectos sobre el tema: «Sería un ejemplo para la sociedad que votemos juntos, recuperemos los gestos de Balbín y Perón y de Cristina Kirchner y Alfonsín».
Concentración
Boudou se dedicó primero a relatar el estado del régimen de las AFJP: «De las 26 originales quedaron solamente once», dijo para explicar la concentración del sector. Sobre los empleados, relató que de los 10.000 que cuentan las AFJP, «tres mil ya se han puesto en contacto con la ANSeS».
Morales se quejó luego de que «sólo haya tres días de debate para un tema tan importante», aunque reconoció, como lo hizo el radicalismo también en Diputados, que según su visión, las aseguradoras «han saqueado a los trabajadores, con comisiones que han cobrado por adelantado».
Esa posición histórica de la UCR frente a las AFJP es la que ahora debilita al partido ante el gobierno en esta discusión: «Estamos a favor de un cambio estructural», pero anunció que no apoyarán el proyecto por la « discrecionalidad» con que la ANSeS manejará los fondos que reciba de las cuentas de capitalización.
Para la UCR, el problema central es respetar «el derecho de propiedad» de los aportantes al sistema privado que en el futuro puede producir una catarata de juicios contra el Estado. De ahí que defendió su proyecto alternativo que respeta las cuentas particulares y las transfiere para su manejo al Banco Nación.
Boudou respondió con el argumento que lanzó el gobierno desde el principio: «Siempre será mayor la jubilación que pagará el Estado, no va a haber inconveniente con los aportantes».
«No nos compremos historias que no son ciertas, cuando los países centrales tuvieron que elegir entre sistemas previsionales, optaron por el estatal», continuó Boudou.
El radical mendocino Ernesto-Sanz estuvo tanto o más duro que Morales con los visitantes: «La ANSeS no está capacitada para administrar los recursos que recibirá de las AFJP», dijo, y puso como ejemplo: «El Banco Nación maneja 82 mil millones y tiene toda una estructura de especialistas en inversiones, con un directorio encima; la ANSeS sólo está capacitada para dar altas y bajas de jubilados, y pagar sus haberes». Uno de los puntos más discutidos por Sanz en la reunión de comisión fue el reconocimiento de Tomada de que no seguirán vigentes los artículos 78 y 79 de la ley previsional 24.241, que establece los mecanismos que deben seguir las AFJP para colocar el dinero de los trabajadores. Esos artículos obligan a que las inversiones de las AFJP en títulos y acciones sean primero autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. Boudou le replicó entonces que no habrá cambios en el menú de inversiones.
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